El derecho a la crueldad

Publicado el 9 de diciembre de 2010 en El Espectador.

El Procurador Alejandro Ordóñez y yo estamos de acuerdo en algo: hay que respetar la objeción de conciencia de los médicos.

Cuando el médico Germán Arango Rojas fue suspendido por el Tribunal de ética Médica y obligado a indemnizar a la menor a quien no le practicó el aborto que solicitaron sus padres, el Procurador General le pidió a la Corte Constitucional amparar los derechos del profesional. Yo estuve de acuerdo con esa petición y me alegra que Arango pudiera hacer uso de su derecho a la objeción. La objeción de conciencia es un termómetro democrático: en los regímenes totalitarios suelen prohibirla o darle reconocimiento restrictivo. Defender el derecho a la objeción es conservar la democracia, tan alto significado tiene que el propio Tribunal Federal Norteamericano llegó a afirmar que la objeción de conciencia era “la estrella polar de los derechos”.

Es positivo para la democracia que Arango recupere su registro profesional pero eso no quiere decir que el asunto deba quedar impune. Sea como sea quien pierde aquí es la niña que más que sufrir por un dilema ético, tuvo que vivir una experiencia física tan nefasta como un embarazo indeseado. Por eso la sanción contra la clínica continua. De esta manera la Corte dejó claro que los médicos, en tanto que son individuos, pueden alegar objeción de conciencia. Las clínicas no pueden hacerlo, por la obvia razón de que una entidad de salud no es un sujeto, y por lo tanto, no tiene conciencia.

Aunque esto es evidente; que son los médicos y no las clínicas los que tienen creencias personales, en muchas entidades de salud de Colombia, especialmente en las que atienden a las poblaciones más remotas, solo hay un doctor, y si ese único médico apela a la objeción de conciencia para no interrumpir un embarazo, impone sus creencias sobre toda la población. Entonces su conciencia se vuelve la conciencia de la clínica, y aplasta los derechos de quienes dependen de esa entidad de salud. Todas las entidades de salud deben asegurarse de tener, por lo menos, a un médico manifiestamente capaz de realizar un aborto para no vulnerar los derechos de las mujeres que dependen de esa determinada clínica o puesto de salud, y si no, deberían ser sancionadas.

Yo no simpatizo con la decisión de Germán Arango, de hecho, se me ocurren varios epítetos malignos para su nombre, más aun cuando pienso que la niña víctima de su objeción de conciencia tiene Síndrome de Down y estaba embarazada por una violación. Ante la negativa de Arango la niña se vio obligada a vivir un embarazo indeseado aún cuando la ley de este país la amparaba para interrumpirlo. Me produce mucha tristeza que las mujeres de Colombia, aun en los casos en los que el aborto es legal, dependan de la voluntad de una persona ajena, que no las conoce ni debe decidir sobre sus vidas y me parece que las consecuencias de esta objeción de conciencia fueron crueles en extremo. Pero en una democracia hasta la crueldad es un derecho.

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