El río suena

Columna publicada el 15 de septiembre de 2011 en El Espectador.

“Para salvaguardar el patrimonio inmaterial hay que salvaguardar la vida digna de las comunidades.” dijo Genoveva Iriarte, directora del Instituto Caro y Cuervo, en el “Primer Coloquio Interdisciplinario Lenguas y Culturas en Contacto, Cimarronaje y Creolización” en la Universidad Javeriana, ayer en la mañana. La sala estaba llena estudiantes (algunos miembros de comunidades afrocolombianas), de importantes lingüistas, antropólogos, literatos, y académicos de disciplinas afines, expertos, entre otras cosas, en cultura afro.

Recién la doctora Iriarte terminó su conferencia dos hombres tomaron la palabra para informar de la situación que se vive en el Municipio de Magüi Payán, en Nariño, donde grupos paramilitares (se cree que “Los Rastrojos”) entraron el 11 de septiembre en el territorio de las comunidades de Río Patía donde los moradores de las veredas Pesquería, Nulpi y Miguel Nulpi, del Municipio de Cumbitara y Tortugo, Tortuga Magally, Tortugo Miguel, Santa Rosa, José López, el Zorro, Serenil, Inguapil, del Municipio de Magüi, que se encontraban en un campeonato interveredal.

Los pobladores dicen que primero se presentó el ejército y casi inmediatamente llegaron los paramilitares. “Llegó un grupo de militares del Batallón Batalla de Boyacá y del José Hilario López, portando armamento sofisticado como cuatro potentes ametralladoras, fusiles 223, M 16 y galiles convencionales AK 47.” dice Ariel Palacios, uno de los jóvenes que habló en el Coloquio. Reunieron a la población, les quitaron las cédulas a todos y saquearon los alrededores.

El grupo armado enfatizó su punto con el asesinato y desmembramiento público de los campesinos Daniel García y Harrison Palacio. “Días antes ya se habían encontrado 2 cuerpos bajando por el río, sin cabeza.” Dice Rosebel Palacios, el padre de Ariel, que es Secretario de gobierno local. Rosebel añade que desde hace días que piden ayuda a la fuerza pública y que la respuesta del gobierno ha sido mínima. Al parecer, lo que este grupo armado exige es que se despeje una zona aledaña ocupada por la guerrilla, algo sobre lo que la población no tiene control alguno. Lo que les exigen a los pobladores es dar información: “Porque los acusan, les dicen usted dígame donde está, y si no lo acusan, lo matan, o hacen este tipo de torturas para forzar a la población civil a escoger un bando.” dice Diego Grueso, asesor jurídico de AFRODES.

Luego se llevaron secuestrados, desplazándose en lanchas, a José Libardo Mosquera, Jorge Eniel Mesa, José Alonso Patiño, Johny Cotez Narváez, Pablo Barrero López, Líber Cobo, José Israel Ordoñéz, Luis Edgar Mosquera, Neftalí Ortiz, transportador de barbacoas, Norberto Cisneros Rosero, Manuel Salazar García y Lorena, Camila y Juliana, 3 chicas que trabajaban en un bar, de apellidos desconocidos y quien atendía el bar, Efraín Arzusa, a quien peluquearon y vistieron de camuflado. Algunos de estos rehenes se escaparon, otros fueron liberados y quedaron en cautiverio las tres chicas y Arzusa. “Entonces el grupo armado dijo que si no se despejaba la zona de guerrilleros los iban a matar”, dijo Palacios en su intervención en el Coloquio, en la mañana.

Para cuando cayo la tarde Lorena, Camila, Juliana y Efraín estaban muertos. La población está denunciando que además se observan sobrevuelos de aeronaves del Fuerza pública colombiana, pero no prestan la protección a la población civil, sin que se hayan podido evitar los hechos ni lograr la liberación de las personas.

Esta situación lleva un buen rato gestándose. En un comunicado de la Diócesis de Tumaco de septiembre 5 de 2011 se lee: “El pueblo afro nariñense, indígena y mestizo sobrevive en un ambiente de zozobra miedo generalizado y ausencia de alternativas. […] Artefactos explosivos han explotado en negocios, calles públicas, y frente a colegios. […] Incluso se utiliza a menores de edad como inocentes portadores de estas bombas. […] Se han incrementado las extorsiones y las vacunas profesionales a comerciantes y personas que viven del rebusque, que cuando no son satisfechas generan asesinatos y lanzamientos de artefactos explosivos. Esto está produciendo el desplazamiento de muchas familias y el cierre de puestos de trabajo aumentando aun más la grave situación de desempleo en la región.”

Para los habitantes de la zona la situación se parece terriblemente al escenario previo a la Masacre de Bojayá. “La lucha por el control territorial es el epicentro de todo, la zona estratégica, este escenario del pacífico sur es un corredor de narcotráfico, pero al mismo tiempo es un punto estratégico de mucha riqueza natural y para el desarrollo de la economía del país.” dice Palacios. El segundo elemento común es la restricción a la movilidad de la población. Grueso y Palacios dicen es altamente probable que se de un enfrentamiento armado en la cabecera de Magüi Payán, donde están concentradas cerca de 350 personas, que reclaman la ayuda del gobierno pero no se reconocen como desplazados pues no quieren dejar su tierra ni sentirse mendigos del Estado.

¿Con qué cara puede celebrar el país el mes del patrimonio cuando aquí no se conserva ni siquiera el bien más preciado que es la vida humana? ¿No que lo mejor de Colombia es su gente? Una de las regiones más ricas en recursos naturales y en manifestaciones culturales de Colombia se pierde entre el atraso el abandono y las balas, aun cuando su población le grita al Estado, y aun cuando todo indica que se avecina otra masacre. Al suroccidente colombiano se lo escucha cuando canta pero no cuando se queja, y a este paso pronto no quedará nadie que pueda emitir sonido alguno. Algo suena en los ríos de Magüi Payán, pero no son piedras. Son cuerpos desmembrados.

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