La estupidez también es un derecho

Columna publicada el 7 de julio de 2011 en El Espectador.

Una condena entre 6 y 15 años pide la Fiscalía para Nicolás Castro, el joven bogotano que abrió un grupo de Facebook llamado “Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe”.
Su imprudencia convirtió a Castro en el enemigo público número 1. Las principales pruebas en su contra son un par de comentarios que le hizo a su novia para chicanear, de esas apostillas a las que uno les tuerce los ojos: que se regalaba a las Farc dijo, que “se logró el objetivo de hacerle sentir miedo al hijito de Uribe” y que el DAS no tenía la tecnología para chuzar sus conversaciones triviales. Este último apunte debió ser recibido con un orgulloso “¡ja!” del funcionario encargado de espiar al joven, feliz por la vulgar hazaña de ganarle en ingenio a Castro.
El DAS, empeñado en vaciar de significado a la palabra “inteligencia”, acusó al joven de terrorista en el 2009 y Castro terminó en la cárcel después de un aparatoso arresto en Chía en el que hubo hasta apoyo del FBI. En ese entonces escribí una columna titulada “La estupidez también es un crimen” donde me preguntaba por el paradero del sentido común de Castro y de las autoridades colombianas. Hoy la Fiscalía exige su condena con los mismos argumentos de entonces: que sus comentarios se traducen en amenazas llenas de odio.
Si un comentario que da pie para ser interpretado como una amenaza es motivo para terminar en la cárcel, al ex presidente Uribe también habría que investigarlo por amenaza de atentado físico y homofobia por su legendario “le voy a dar en la cara marica”. Además si se investiga el Twitter del ex presidente siguiendo los mismos métodos interpretativos usados con Castro se puede concluir que el ex presidente, además, tiene un temperamento impulsivo y por ende potencialmente violento.
Si bien yo no pondría las manos al fuego por la sagacidad de Nicolás Castro, me parece que si llega a efectuarse su condena tendríamos entre manos un atentado descarado contra la libertad de expresión en Colombia y contra el más elemental sentido común que permite diferenciar entre un estudiante universitario que se llena la boca diciendo tonterías y un criminal que verdaderamente vaya a atentar contra el orden público. La condena de Castro significaría que de ahora en adelante tenemos que revisar con cuidado todas las bobadas y exageraciones que decimos en nuestras conversaciones privadas, y que todas nuestras intenciones manifiestas deben interpretarse como acciones perpetradas. Las cárceles no darían abasto si en Colombia se empiezan a condenar las afirmaciones estúpidas. El interés investigativo que se le ha dedicado a Castro es inaudito en un país donde la impunidad es el pan de cada día, pero nadie se sorprende al ver como los criminales salen libres, y se criminaliza la bobada.

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