Del derecho al hecho

Columna publicada el 10 de mayo de 2012 en El Espectador.

Yolanda quedó embarazada por cuarta vez y en la ecografía notaron que el feto tenía una malformación llamada anencefalia, que impide que se desarrolle el cerebro. Yolanda solicitó la interrupción de su embarazo en el hospital Eduardo Meoz de Cúcuta, pero el médico que la atendió declaró objeción de conciencia. Para cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, su embarazo ya tenía 32 semanas. A Yolanda le realizaron una cesárea de urgencia y el bebé falleció a los cinco minutos del nacimiento.

Ana tenía Síndrome de Pradder Willy, lo que limitaba su capacidad mental a la de una niña de cuatro años. Sin que nadie supiera cómo, Ana quedó embarazada. Al notarlo, su madre la llevó a la EPS Cosmitet Ltda., para que le realizaran una IVE, pero allí el médico que la atendió decidió que no había manera de demostrar que Ana había sido víctima de una violación. El juez en primera instancia negó la tutela que interpuso su madre y el juez en segunda instancia volvió a negara, pues ya estaba demasiado avanzado el embarazo, que Ana tuvo que llevar, contra su voluntad, hasta los nueve meses.

A Mariana la violaron en Cali y se acercó a un hospital a practicarse una IVE que entre otras cosas le realizaron en la misma habitación donde otra mujer estaba teniendo un parto. Al terminar el aborto, la enfermera le dejó el tejido del feto en la mesita de noche del hospital y le dijo: “Ahí verá qué hace con eso”.

Hoy se cumplen seis años de la Sentencia C-355/06, que afirma el aborto como un derecho para las colombianas y reconoce que no somos máquinas para producir gente, sino gente, una obviedad que históricamente ha pasado desapercibida por muchas culturas que entienden a las mujeres como medio y no como fin.

Pero registrar esto en un papel no es suficiente. La implementación de la Sentencia ha sido difícil, al punto que muchas mujeres se ven maltratadas, estigmatizadas y revictimizadas a diario, en muchos casos por los profesionales encargados de atenderlas: médicos que se niegan a realizar un aborto que más que legal es humanitario, y que no las remiten a colegas de convicciones menos crueles, y jueces que por creer en Dios asumen que pueden usurpar las funciones de una divinidad, y deciden destinos que no les pertenecen a ellos sino a las mujeres.

La Sentencia también ha tenido por opositores incluso a quienes, por su cargo, deben garantizar esos mismos derechos, como el procurador Alejandro Ordóñez, y ha sido debatida encarnizadamente entre hombres, curas y congresistas, que reclaman úteros obedientes a padres, maridos, Dios y el Estado, olvidando que esos úteros son parte de un organismo, que más que organismo es persona, que piensa y que contesta, y puede decir no. El aniversario de la sentencia también coincide con hostigamientos a quienes defienden los derechos de las mujeres, acciones violentas que amedrentan y distraen, y que más que un ataque particular son una zancadilla a la autonomía y el libre albedrío de los colombianos.
Uno querría que los casos de Yolanda, Ana y Mariana fueran incidentes aislados, pero han pasado muchas veces y con muchos nombres y obligan a las mujeres a buscar una clandestinidad peligrosa y ante todo innecesaria, pues más allá de una discusión moral —que pertenece al ámbito personal—, el aborto es un derecho, ganado justamente, y cuyo principal requisito es el respeto a la Constitución y a las mujeres.

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