El polvo bajo la alfombra

Columna publicada el 7 de marzo de 2012 en El Espectador.

Hay distintas maneras de ser un reo en Colombia, pero todas inefectivas para disminuir el crimen en el país. Por un lado, se puede ser un ladrón de cuello blanco, como los Nule, que dejaron a Bogotá al borde de un colapso nervioso después de un robo millonario. En principio sólo tendrán que pagar $10.042 millones, apenas una fracción de lo que se robaron, y 7,5 años de cárcel durante los cuales no tendrán impuestos y nosotros los estaremos manteniendo. También se puede ser como Juan Carlos Salazar y tener 10 años de casa por cárcel después del escándalo de Agro Ingreso Seguro. Ninguna de estas penas desincentiva el crimen; de hecho, algunos de los condenados dirán que la cosa les salió rentable, pues después de pagar al abogado todavía les queda plata del botín, que sirve, claro, para asegurar condiciones de reclusión más favorables.
Por otro lado, se puede ser un pobre diablo cuyo nombre no sale en los periódicos y al que nadie escucha, si se queja de que vulneren sus derechos. Con estas personas el sistema penitenciario es tan cruel que muchos salen de la cárcel con mayores resentimientos, habilidades y contactos para delinquir que cuando entraron.

Según el Inpec, el hacinamiento en las cárceles de Colombia alcanza el 33%. En los últimos 6 años se han construido 10 nuevos establecimientos penitenciarios y en 2010 se llegó a un porcentaje de hacinamiento de 24,2%, pero muy brevemente, pues la aplicación del Código Penal no ha permitido una descongestión de las cárceles; en solo 2 años el porcentaje volvió a subir.

El hacinamiento es solo uno de los problemas que se dan en las cárceles colombianas, tal vez se destaca solo por ser el más fácil de medir. En El Buen Pastor, por ejemplo, no hay suficiente agua para que se bañen todas las reclusas, no se cumple la norma que dice que pueden salir del penal (con vigilancia, claro) para dar a luz y varias han tenido sus hijos en la penitenciaría. Por otro lado, los tratos a los visitantes son irrespetuosos, a veces incluso violentos. Van desde desnudarlos con la puerta abierta para las requisas hasta, por ejemplo, exigir de repente y de manera arbitraria que solo se pueda entrar al penal en sandalias, previo acuerdo con vendedores ambulantes que las facilitan a $10.000 o las alquilan a $7.000, y que las ofrecen desde temprano a lo largo de la fila.

En Colombia el sistema penitenciario se basa en dos supuestos pilares. La educación, que comprende todo lo relacionado con la capacitación, alfabetización y asistencia psicológica. Y la disciplina, “base fundamental de la organización de una comunidad por la cual los reclusos deben cumplir determinados reglamentos de régimen interno”. Según esto, la cárcel es una especie de tratamiento que intenta rehabilitar al criminal y “reintegrarlo” a la sociedad. La realidad, sin embargo, es que no hay plata, personal ni instalaciones para tantas maravillas y que solo 1 de 4 reos recobra realmente su libertad, mientras los otros 3 reinciden o mueren en el penal. Esto no es tanto culpa de los criminales como de una sociedad cuya desigualdad es terreno fértil para la delincuencia, que se olvida de los trasgresores una vez se les dicta una condena y que absurdamente confía en un proceso sistemático de deshumanización que aunque castiga, multiplica la magnitud del problema.

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