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Columna publicada el 12 de septiembre de 2012 en El Espectador.

Gracias a la Corte Constitucional el martes 11 de septiembre, Alejandro Ordóñez y sus procuradoras delegadas tendrán que decir la verdad, tendrán que aceptar que no pueden usar el poder que les da su cargo para difundir mentiras maliciosas que ponen en peligro la vida de las mujeres en Colombia.

Es una victoria dulce y necesaria para las 1.201 mujeres que hace un año pusimos una tutela para que se respetara nuestro derecho a información veraz y confiable sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. También es una victoria para todos los colombianos, porque aun los más conservadores tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos. Es una victoria que muestra que la sociedad civil puede tener incidencia, puede hacer veeduría de los servidores públicos y puede defender sus derechos de manera directa, sin tretas politiqueras o amañados favores clientelistas.

La tutela por el derecho a la información les reclama a Ordóñez y a sus funcionarias haber dicho en comunicados oficiales que el aborto no es un derecho; que la anticoncepción de emergencia es abortiva; que la cátedra de educación en derechos sexuales y reproductivos era una “cátedra del aborto”; que el misoprostol, uno de los medicamentos usados para practicar IVE seguras y baratas, no está aprobado por la OMS, y finalmente también dijeron que puede hacerse objeción de conciencia institucional, cuando solo las personas tenemos conciencia. La tutela fue negada en primera instancia, pero a comienzos de 2012 fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión y después de una ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, la Corte estuvo de acuerdo con las mujeres y ha ordenado a Ordóñez, a Hoyos y a Carreño que se retracten.

Los dilemas que este fallo le presenta a la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos son considerables. Hoyos, qué también debe rectificar sus declaraciones públicamente, le puso una demanda a solo una de las demandantes, Mónica Roa, alegando que los argumentos de la tutela la injuriaban y la calumniaban. Es sorprendente que una jurista como Hoyos se atreva a contestar una tutela con una demanda penal, cuando su trabajo es justamente defender nuestros derechos. Hoy Hoyos aspira, cínicamente, a reemplazar a Sierra Porto en la misma Corte Constitucional que ella se la pasa desafiando, y que defiende los derechos que ella vulnera.

¿Será capaz Ordóñez de pedirnos disculpas a las mujeres? ¿Será capaz de tragarse esa soberbia con la que quiere imponernos sus creencias personales? Esa soberbia que es pecado según su religión, como también es pecado levantar falso testimonio. Es claro que Ordóñez cree que su cruzada fanática justifica saltarse las normas divinas y las humanas, incluidas las sentencias constitucionales. Ojalá que Ordóñez sea capaz de retractarse, no solo porque el arrepentimiento es una virtud católica, también porque sus rectificaciones permitirán que miles de colombianos puedan vivir una sexualidad segura. Si no lo hace, dejará claro que está dispuesto a hacer pistola a la Corte, al presidente, a la sociedad civil, y que con el Senado en la palma de su mano y nadie que lo investigue ni escrúpulos que lo detengan, se ha convertido en uno de los hombres más peligrosos de Colombia. Si Ordóñez quiere ser consecuente con el cuento de que el es un tipo piadoso y justo tiene que retractarse, y de paso tendría que renunciar por abusar de los poderes de ese cargo al que hoy se agarra con la succión vampírica de una garrapata y la resolución kamikaze de un avión que se estrella.

 

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