Pregunta para María Isabel

“No puede seguir haciendo carrera en Colombia esta nueva macartización, que consiste en que usted tiene derecho de pensar como quiera siempre y cuando no piense distinto de mí”, dice María Isabel Rueda en su columna de El Tiempo.

Añade que contra Luis Guerrero, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, “se ha enfilado todo el sectarismo político del país” y que hay una supuesta “campaña mediática” que logró “descalabrar las aspiraciones de otra respetable abogada, Ilva Myriam Hoyos”, para la misma Corte.

Rueda tiene razón y no. Es cierto que muchos que se dicen pluralistas caen con frecuencia en la paradoja de ser intolerantes con los intolerantes. Pero una cosa es un llamado de atención legítimo a los liberales (de pensamiento, no de partido) para que afinen sus argumentos y otra es decir que las críticas a conservadoras como Hoyos son triviales o infundadas.

Aún no sabemos si las creencias de Guerrero afecten su manera de juzgar, pero, en lo que se refiere a Hoyos, lo que muchos le criticamos no es que sea conservadora, es que trate de imponer a otros sus creencias usando el poder que tiene como funcionaria pública. Hoyos puede pensar lo que quiera, puede decir lo que quiera en situaciones privadas, puede incluso imponer sus creencias a su familia y allegados si ellos se lo permiten. Pero una cosa es que Hoyos como persona opine que el aborto no es un derecho, y otra que lo diga en un comunicado oficial de la Procuraduría. ¿Criticar a una funcionaria pública que aspira a ser magistrada de la Corte por no acatar las sentencias constitucionales es macartización? No, es el cuestionamiento de rigor que debe plantear cualquier ciudadano.

En el caso del aborto, se ve en todo el mundo una peligrosa tendencia fanática a imponer creencias particulares en las leyes comunes. En España, el ministro Ruiz Gallardón alega que debe suprimirse el supuesto de malformación en la ley de salud sexual y reproductiva, lo cual haría que, por ejemplo, el aborto de un feto anencefálico (que no desarrolla cráneo ni cerebro) sea ilegal, forzando a las mujeres a llevar a término un embarazo tan atroz que claramente es tortura psicológica. En EE.UU., el aspirante republicano al senado Todd Akin propone eliminar el aborto en casos de violación y lo justifica diciendo que cuando hay una “violación legítima” las mujeres no pueden quedar embarazadas, lo cual además de incorrecto es irrespetuoso pues insinúa que a las víctimas de violación a las que no les parten la cara y les rasgan la ropa son unas exageradas.

Respetar los puntos de vista diferentes no es una extravagancia del discurso pluralista, es parte de la evolución de la vida en sociedad. Todos tenemos derecho a posturas biliosas mientras éstas se enmarquen en la libertad de expresión, pero en el momento en que se imponen a los demás en la ley, afectando la vida de los ciudadanos, la discusión se sale del ámbito de la opinión y pasa al de los derechos humanos y, como en el caso específico del aborto, al de la salud pública. En un Estado en donde el aborto ha sido despenalizado nadie está obligado a abortar y nadie está obligado a morir o vulnerar su dignidad por un embarazo. Reconocer el aborto como un derecho no es imponerlo porque no se puede imponer una posibilidad.

Los funcionarios del Estado pueden decir lo que quieran, por descabellado que sea, pero en tanto que voces públicas están expuestos a la crítica y al debate de sus ideas, más aún cuando sus declaraciones tienen pretensiones de convertirse en ley. Eso no es macartización, es democracia.

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