Preguntas para Ilva Myriam

Columna publicada el 11 de julio de 2012 en El Espectador.

La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos presentó, en diciembre del año pasado, una denuncia penal contra Mónica Roa, texto que acaba de dar a conocer La Silla Vacía.

La denuncia alega injuria y calumnia porque 1.201 mujeres interpusimos una acción de tutela al ver vulnerado nuestro derecho a la información por parte de varios funcionarios de la Procuraduría.

Estos funcionarios han emitido comunicados oficiales con información falsa sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, como que la anticoncepción de emergencia es abortiva, que el misoprostol (un medicamento de uso frecuente en las IVE) no está aprobado por la OMS y que el aborto no es un derecho. Estas mentiras tienen efectos concretos, como que el misoprostol no esté incluido en el POS, que los funcionarios públicos no se sientan obligados a garantizar una IVE y que se intente sacar a la anticoncepción de emergencia del mercado. Estas mentiras son un peligro para la salud pública y un atentado contra la dignidad y la autonomía de las colombianas, pues no podemos decidir por entero sobre nuestro cuerpo si no tenemos la información correcta. No disponer de información veraz sobre nuestra salud sexual y reproductiva nos deja en un medioevo desinformado y puritano; uno que parece ser el proyecto de país del actual procurador que, por cierto, por estos días también anda circulando información falsa sobre la dosis personal.

El reclamo de la tutela no es un asunto de opinión. Se reduce a que, por ejemplo, la pastilla de anticoncepción de emergencia, como su nombre lo indica, es anticonceptiva, no abortiva, y la autoridad científica mundial al respecto, la OMS, respalda esta afirmación. Para probar que no miente, Hoyos tendría que cambiar todos los vademécum, y sólo cuando todos digamos que la Tierra es plana las afirmaciones de la Procuraduría sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos se enmarcarán en un paradigma de verdad.

La razón de ser de la Procuraduría y de la tutela es la misma: defender y garantizar nuestros derechos fundamentales. Con la denuncia de Hoyos se presenta una paradoja peligrosa: el mismo funcionario que debe defender nuestros derechos ataca la herramienta más eficaz que tenemos para reclamarlos. Esto sienta un precedente que nos afecta a todos, pues la próxima vez que un ciudadano quiera interponer una tutela tendrá que estar preparado para enfrentarse con una demanda penal por reclamar de manera legítima sus derechos.

Sorprende que Hoyos no nos denuncie a las otras 1.200 tutelantes. Yo quiero preguntarle a la procuradora delegada: ¿por qué no me denuncia penalmente a mí que también creo y he dicho públicamente que usted dice mentiras para sabotear nuestros derechos? ¿Le parece que exigir mis derechos equivale a injuriarla? ¿No le da un poquito de vergüenza haber contratado como abogado a una joyita como Jaime Lombana, de quien circulan oscuros rumores sobre su trato a las mujeres? ¿No cree que a mí me ofende mucho más pagar su sueldo, de mis impuestos, para que usted difunda información tergiversada y persiga a quienes tratan de hacer el trabajo que usted no hace? Y finalmente, ¿con qué cara se postula como candidata a la Corte Constitucional cuando sus acciones ponen en peligro el mecanismo de la tutela, la herencia más preciada de la Constitución del 91?

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