Altos funcionarios y violencia contra las mujeres: entre el miedo y la impunidad

Artículo publicado el 2013 en Razón Pública

Congresistas, concejales, ediles y otros altos funcionarios maltratan a las mujeres. ¿El poder exacerba el machismo más primitivo, en medio de un país tan pre-moderno?

Caso 1: no dejar marcas

Zully Mejía, expareja del congresista yopaleño José Rodolfo Pérez, lo acusó de maltrato en días recientes. Mejía afirmó que a raíz de los golpes del congresista perdió un embarazo y que encima fue amenazada para que guardara silencio. Su miedo y su impotencia se agravaban con la presencia de los escoltas del honorable servidor público: “Una vez traté de defenderme. El tipo llamó a sus escoltas, me cogieron cada uno de una mano, y él me golpeó más”.

Por su lado — y al mejor estilo del Movimiento Machista Casanareño — Pérez dice que “Me da vergüenza decirlo, pero existe el maltrato contra los hombres, y la víctima soy yo”.

No sería extraño que este parlamentario del Partido Movimiento Apertura Liberal resulte íntimo de Beto Barreto — aspirante al Concejo de Yopal en 2000 con el aval del Partido Liberal — quien entre otras técnicas recomienda golpear a las mujeres en el oído para no dejar marcas y sobre quien no pesa condena alguna, pese a que admitió públicamente que maltrata a las mujeres, en el conocido video sobre su Movimiento Machista.

Zully Mejía afirma que perdió el 10 por ciento de audición en un oído. En estos momentos, la Fiscalía Seccional de Bogotá remitió la denuncia contra Pérez a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, único tribunal competente para investigarlo, ya que goza de fuero constitucional.

Caso 2: la culpa fue del carro

El edil de Usaquén, Luis Alfonso Villamil, fue acusado por su compañera sentimental, María Olguita Rosas, de maltrato físico, psicológico y de amenazas contra su vida. En junio de 2012, Rosas había denunciado a Villamil por ataques contra su integridad – a lo cual el acusado respondió que “en la vida real, Olguita se machucó con la puerta del carro, en el momento de una pequeña discusión…”

Hoy María Rosas vuelve a los medios de comunicación a decir que retiró la denuncia por amenazas contra su vida y que desde entonces los ataques continúan: “nunca me he machucado con la puerta del carro. El me maltrata, me ha golpeado dentro del carro, fuera del carro y en la oficina. Si ese carro hablara no tendríamos que estar en estas investigaciones”.

Simón Gaviria declaró solemnemente ante los medios que el Partido Liberal “rechaza totalmente cualquier tipo de agresión contra las mujeres. En caso de verificarse estas denuncias, el agresor debe recibir el máximo castigo”. Villamil no ha querido dar la cara a los medios a los que probablemente teme más que al sistema judicial, pues hasta la fecha ha archivado todos los casos en su contra.

Casos 3, 4, 5…

  • En el curso de la semana pasada, en Lorica (Córdoba), laexcongresista Zulema Jattin recibió golpes de su exaliado político Gregorio Salgado Palomo en medio de una pelea en su casa por denuncias anónimas contra Francisco Jattin, su hermano y alcalde de Lorica. El hecho ocurrió, paradójicamente, en el marco de una campaña contra el maltrato a la mujer que promueve la gobernación de Córdoba.
  • En 2009, Wilson Duarte — concejal del Polo Democrático Alternativo — fue acusado de maltrato físico por parte de su cuñada María del Pilar López, quien dijo haber recibido golpes y agresiones verbales de los dos hermanos Duarte, en presencia de su hijo de seis años. Los vecinos del conjunto residencial tuvieron que llamar a la Policía ante el ruido de la “riña doméstica”. Duarte perdió su investidura, pero no por maltratar a su cuñada, sino por abusar de su cargo para obtener contratos del Distrito y beneficiar a una empresa de su propiedad.
  • En 2011, la periodista Lina Castro acusó al Asesor Presidencial en Derechos Humanos, Tomás Concha, por abuso sexual. Castro salió a hablar a los medios, que la interrogaron sobre cómo, dónde y cuándo ocurrieron tales abusos. ¿En la oficina o en un apartamento? ¿Segura que no fue voluntario? ¿Su denuncia es porque quiere fama y plata? A pesar del escándalo, Concha fue movido discretamente: se le nombró vocero del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para exponer precisamente… la política del gobierno colombiano sobre la violencia contra la mujer. Un experto sobre el tema, efectivamente. La fiscalía ya archivó la investigación contra el funcionario.
  • Las denuncias por feminicidio contra el gobernador de la Guajira, Kiko Gómez — a quien muchos señalan como un “nuevo Pablo Escobar” — tampoco están siendo investigadas:

-La anciana wayuu Francisca Sierra advirtió que iban a matar a su hija Martha Dinora Hernández y días más tarde efectivamente fue acribillada a 50 metros de una estación de policía.

– Yandra Cecilia Brito, alcaldesa de Barrancas (Guajira), envió una carta al entonces fiscal Mario Iguarán, al procurador Ordóñez y a Uribe — quien entonces era presidente — denunciando las amenazas de Gómez. En agosto del año pasado la mataron.

La lista de casos de funcionarios públicos acusados de maltratar, atacar y aún matar  a mujeres en Colombia parece tender al infinito. Es raro que la Fiscalía tome medidas efectivas en los casos de maltrato a las mujeres: lo normal es la rapidez con que se archivan las denuncias en contra de funcionarios públicos.

Si estos casos han llegado a ser de conocimiento público se debe a que algunas mujeres decidieron ventilar su maltrato a través de los medios de comunicación. Es frecuente el abuso de la fuerza de los escoltas, a quienes los servidores públicos consideran sus matones particulares.

Esta práctica parece extenderse a otros maltratos: por ejemplo, hace poco uno de los escoltas del senador Edgar Espíndola agredió al activista LGBTI Daniel Sastoque durante un caldeado debate en el Congreso en torno al matrimonio igualitario.

No es hora de callar

El 24 de mayo se llevó a cabo en Medellín el foro Las mujeres víctimas de la violencia construimos país, una iniciativa de la campaña No es Hora de Callar, creada por la periodista Jineth Bedoya, quien el 25 de mayo de 2000 fue víctima de secuestro, tortura y abuso sexual mientras cumplía su trabajo.

Además de presentar una reveladora investigación sobre la violencia contra la mujer, dieron testimonio Adriana Arandia Cely — hermana de Rosa Elvira Cely, de quien se cumple por estos días el primer aniversario de su martirio — y Gina Potes, víctima y presidenta de la Fundación Rostros sin Ácido.

El Director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, habló de la falta de compromiso de los gobiernos locales. “Pocas gobernaciones han demostrado compromiso en el tema de protección de derechos humanos y protección de las mujeres”.

Villamizar también habló de un diplomado en sensibilización de género para los funcionarios de la unidad de protección y de la intención de tener más mujeres ejerciendo la protección y como analistas de riesgo. El ministro de Defensa propuso crear otra unidad especial para atender los casos de violencia sexual.

Pero en lugar de tantas unidades especiales, se trata sencillamente de que la fuerza pública cumpla con su obligación de defender a las mujeres de acuerdo con lo estipulado por la ley 1257 de 2008 — prácticamente desconocida para la Policía —como señaló Jineth Bedoya. En la mayoría de los casos, al recibir la queja de una mujer golpeada, los agentes deslegitiman y revictimizan a la denunciante. “Eso también es un delito”, añadió Bedoya.

Entre el miedo y la coerción

  • En Colombia, casi cuatro de cada diez mujeres — un 39 por ciento — han sido agredidas físicamente por su pareja o expareja.
  • El 76 por ciento de las mujeres víctimas de violencia física no acudieron a ninguna institución a denunciar el maltrato.
  • 6 por ciento de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales.
  • El 66 por ciento de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud.

La verdad es que el bajo número de denuncias se debe a que las garantías para las mujeres son prácticamente inexistentes. ¿Cómo no tener miedo a denunciar, si los policías y los funcionarios públicos que deberían protegernos también nos atacan?  Los altos índices de impunidad son atemorizantes, y es claro que nuestro sistema judicial y político está lleno de maltratadores que se tapan los unos a los otros.

A esto hay que añadir que a las mujeres no se les cree, que se les acusa de ser locas celosas que quieren hacer daño a un hombre por rencor, como si ser fichada como una mujer maltratada no fuera en sí mismo un estigma con el que tendrá que vivir por el resto de la vida, un precio demasiado alto por una simple venganza pasional.

Pero no solo muchos maltratadores ejercen como funcionarios públicos. Además, los programas para defender los derechos de las mujeres son poco vendedores. Ningún político buchipluma ha llegado a su cargo como paladín de la protección a las mujeres. Estas propuestas suelen aparecen como notas de pie de página en los lineamientos de las campañas, algo accesorio que ni siquiera tiene relevancia en los programas de mujeres candidatas: luchar contra la violencia a las mujeres no da votos en Colombia.

Pese a todos sus errores y vacíos, los medios de comunicación parecen el único ámbito desde donde se ejerce control social y se denuncian estos casos. Pero arriesgarse a exponer en público los maltratos privados es una pelea que pocas mujeres están dispuestas a dar.

Y menos aun cuando los ataques provienen de funcionarios con poder, que cuentan con el respaldo y la complicidad del Estado: reyezuelos que gritan “¡usted no sabe quién soy yo!” y que consideran su entorno inmediato como un feudo donde todo es de su propiedad… incluso las mujeres.

¿Intimidad o escondite?

En Colombia aún persiste el prejuicio de que la violencia contra las mujeres constituye un tabú de la órbita privada, algo especialmente absurdo cuando los crímenes son cometidos por figuras públicas.

Cuando el escándalo del Bolillo Gómez en 2011, muchos argumentaron que no debía perder su trabajo por un “problema de su vida personal”, que su maltrato a las mujeres no afectaba su papel como técnico de fútbol.

Un delito nunca se circunscribe a la vida privada de las personas: por eso precisamente es obligatorio denunciarlo. Pero esta actitud responde a un estereotipo de género: el problema de la violencia contra las mujeres se resuelve en casa y en secreto: son trapos sucios que las mismas víctimas deben lavar.

Incluso si vamos al extremo de aceptar que este tipo de ataques hacen parte de la intimidad de la vida privada, al aceptar su cargo los funcionarios públicos — especialmente los de elección popular — aceptan que su vida sea escrutada de manera rigurosa por el público. Son nuestros representantes y eso viene con exigencias, incluso si nos representan mal.

En fin, no se trata de crear nuevos programas, o nuevas unidades de protección, o de hacer aprobar nuevas leyes que protejan a las mujeres: se trata de que como mínimo se apliquen bien las leyes que ya tenemos. Es deber del Estado proteger a una ciudadanía donde las mujeres somos mayoría.

Los cobardes maltratos a las mujeres —  y con mayor razón viniendo de funcionarios públicos que asumen la voz del Estado — destruyen el tejido social de la nación y atentan directamente contra el progreso social. En realidad, se trata de un grave problema de derechos humanos.

Es urgente preguntarse qué legitimidad se puede asignar a una política contra el maltrato a las mujeres cuando los propios funcionarios públicos son victimarios, que gozan de impunidad gracias a los privilegios de sus cargos.

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