Vidrios polarizados

Columna publicada el 28 de junio de 2013 en El Espectador.

No es novedad enterarno de que los estados vigilan o espían a los ciudadanos.

Los organismos en el poder siempre tienen mecanismos de control para conocer las actividades de la población, desde la confesión en la Edad Media hasta el panoptismo del mundo de hoy, con ojos y oídos en todas las esquinas que pueden inmortalizar cualquier registro al publicarlo en la web. Desde hace rato vivimos asumiendo que somos observados permanentemente, y eso no necesariamente nos molesta. En parte porque en la mayoría de los casos nosotros damos esa información voluntariamente —nos gusta que nos miren y, sobre todo, nos gusta mirar a los demás—. En parte porque en el mundo de hoy se han equiparado vigilancia y seguridad, y los soldados que, regados por toda Colombia, nos observan con fusiles nos dan la sensación de que el Estado está presente, “cuidándonos”.

Uno podría aventurarse a decir que la vida privada ya no existe y que cualquier esfuerzo por guardar un secreto es una empresa quijotesca e inútil y que debemos resignarnos a vivir bajo el ojo saurónico del escrutinio público. Tal vez sí. Pero en ciertos casos aún es necesario. Un ejemplo: la protección de fuentes en el periodismo, y más cuando éstas hablan en contra del Estado, frente al cual los medios cumplen una labor de veeduría necesaria para que la ciudadanía ejerza control.

Esta semana se volvió a hablar de Puma, la Plataforma Única de Monitoreo de la Policía, de la que en realidad hay noticias desde una resolución de la Policía de junio de 2007 que define las funciones de la Dirección de Investigación Criminal. La plataforma, según dice El Tiempo, costó $100.000 millones (¿que salieron de nuestros impuestos?) y al parecer estará manejada por la Fiscalía y —horror— la Procuraduría. También, en agosto de 2012 Mintic sacó el decreto 1704 que, entre otras cosas, obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a almacenar datos de los últimos cinco años, incluidas las direcciones IP y la ubicación de los usuarios, haciendo casi imposible el anonimato, y esto puede servir para amenazar nuestra libertad de expresión.

En todo esto no queda claro si es que ahora cualquier persona que sea investigada será chuzada también, ni cómo se garantizarán principios mínimos como notificar al monitoreado, o cómo se vigilará a los vigilantes para que actúen siempre dentro del debido proceso. Estas imprecisiones pasan de inquietantes a aterradoras al recordar las chuzadas del DAS, las listas negras entregadas a paramilitares, y otras razones por las que tenemos un Estado en el que no podemos confiar.

Estos hechos no parecen despertar demasiada controversia. Tal vez haya una especie de alquimia que transforma la tranquilidad de sabernos vigilados y cuidados en voluntad de tolerar un doble estándar en el que no sabemos nada del Estado, pero allá saben todo sobre nosotros. La expresión “es que yo no tengo nada que esconder”, además de irrelevante, parece una declaración de apoyo completamente acrítica al Gobierno, como si todas las razones para espiarnos o vigilarnos fueran justas y válidas. ¿Cómo podemos saber que no tenemos nada que esconder? ¿Cómo sabemos que nadie está interesado en pagar para saber cosas de nosotros? ¿Por qué no tenemos nosotros el derecho de saber sobre quienes están por encima? La caja de cristal de la que se hablaba hace algún tiempo como referencia a la transparencia del Gobierno parece ser opaca en una sola dirección. Y no es la que nos favorece.

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