Preguntas

Columna publicada el 25 de septiembre de 2013 en El Espectador.

La Ley de Acceso a la información, que obtuvo el aval de la Corte Constitucional en mayo de este año, obliga a los organismos del Estado a entregar a los ciudadanos la información que soliciten y establece reglas para que muchas entidades, como los partidos políticos, dejen de mamarnos gallo con excusas baratas como “soy privado” o “no estoy obligado porque no hago parte de la Rama Ejecutiva”.

La ley es importante porque cumple con los estándares internacionales de la CIDH, les deja clarísimo a personajes como el exembajador Urrutia que la intimidad de servidores públicos tiene menos protección que la de un particular y precisa que se pueden presentar derechos de petición y solicitudes de información por vías electrónicas. Esto último quiere decir que un tuit hecho en forma de pregunta a un servidor público o a una cuenta oficial de una entidad del Estado tiene el mismo valor de un derecho de petición y debe ser contestado con suficiencia. Finalmente, la Corte le revoca al Congreso un ‘mico’ olímpico que excluía del ámbito de aplicación de la ley todos los documentos relacionados con defensa y seguridad nacional y lo declara inexequible por interponer reservas de manera indeterminada y general.

Este sábado 28 de septiembre es el Día Mundial del Derecho a Saber, y para celebrarlo y, de paso, apoyar esta ley, les propongo a los lectores ejercer nuestro derecho fundamental a la información preguntándoles a entidades del Estado y a los funcionarios públicos, ya sea por medio de derechos de petición o a través de las redes sociales (usando el hashtag #yoquierosaber), todas esas incógnitas que deberían contestarnos para que, como ciudadanos y en víspera de elecciones, podamos tomar decisiones informadas.

Algunas sugerencias: ¿quiénes integran los comités de ética de los partidos y dónde podemos conseguir las actas de estos comités? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no ha sancionado las vallas de algunos candidatos, como Pacho Santos, cuando es evidente que hacen parte de campañas presidenciales? ¿Quiénes van a ser los principales financiadores de la campaña de José Obdulio? ¿Viajaron el procurador y la secretaria privada de Santos, Cristina Plazas, a la posesión del papa con dineros del Estado y, si es así, cómo lo justifican dentro de sus funciones? ¿Por qué Germán Vargas Lleras sigue asistiendo a entregas de casas a pesar de que ya no es ministro? ¿La Marcha Patriótica tiene libros contables? ¿Los podemos conocer? ¿Cuándo se harán públicas las actas de la comisión asesora de relaciones exteriores sobre las decisiones en la estrategia de La Haya? ¿Se divulgará una lista de los miembros de la Fuerza Pública involucrados en usos abusivos de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante el paro agrario? ¿El magistrado Alberto Rojas dará una respuesta pública sobre la denuncia de Noticias Uno que lo vincula a una estafa a una viuda?

El aval de la Ley de Acceso a la Información es un motivo para alegrarse, sin duda, pero lastimosamente la Corte sólo ha emitido un comunicado al respecto y nada que publica el texto completo de la sentencia. Esto nos deja ante una gran ironía: no tenemos acceso a la información sobre la Ley de Acceso a la Información. Esta, además, es la excusa que el secretario de Transparencia, Rafael Merchán, ha dado para la demora en la firma del presidente. Por eso, la pregunta obligada del sábado va dirigida a nuestra querida Corte Constitucional: ¿cuándo nos sacarán de esta encrucijada kafkiana dando a conocer el texto de la sentencia?

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