Impunidad, mujeres y conflicto

Columna publicada el 02 de octubre de 2013 en El Espectador.

La violencia constituye una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”.

Así lo reconoció hace cinco años la Corte Constitucional cuando expidió el Auto 092 en el que le pide a la Fiscalía que tome medidas necesarias para que se investiguen los casos denunciados pidiendo también a la Procuraduría que vigile el proceso. Sin embargo, el informe de la Mesa de seguimiento al Auto 092 de 2008, que se publicará en próximo miércoles, saca un balance desafortunado hasta lo inadmisible: la situación de impunidad para los casos de violencia sexual en el contexto del conflicto se mantiene casi en su totalidad.

El informe muestra que no hay un registro adecuado y confiable, ni de los casos ni de las acciones institucionales, no hay políticas de enfoque interseccional y que, encima —pero para sorpresa de nadie— hay gran desidia por parte de la Procuraduría. También denuncia que la Fiscalía no da garantías para el respeto a las víctimas; a pesar de todas las capacitaciones siguen revictimizando a las mujeres y no hay claridad en la ruta de atención para denuncia e investigación. La Fiscalía se llena la boca diciendo que tiene un “Comité de Género” conformado por un fiscal y una dupla de investigadoras, psicóloga y policía judicial, que se encargan de “direccionar investigaciones con enfoque de género”. Es decir, tres personas. Tres personas que solo han sesionado en dos ocasiones. Tampoco es claro si la Fiscalía cuenta con intérpretes para los casos de comunidades indígenas, uno de los grupos poblacionales más vulnerados. Como resultado los exámenes de Medicina Legal son la forma de probar un abuso, es decir, definen su acceso a la justicia, algo preocupante porque, como el informe indica, Medicina Legal no se queda atrás en revictimización e incompetencia.

En un oficio para la Corte Constitucional de febrero de 2013 la Procuraduría informa que el balance del 2012 es favorable y según sus bases de datos parece que interviene en todos los procesos. ¡Tan eficientes! Sin embargo, el informe denuncia que estas intervenciones se han limitado a solicitar información sobre el estado de los procesos pero de ninguna manera incluyen un ejercicio de análisis. De las once sentencias condenatorias de las unidades seccionales de Fiscalía solo cuatro tuvieron condena, y de las siete restantes no hay registro. Dos de esas condenas fueron adelantadas, inexplicablemente, por la Unidad de delitos sexuales de Quibdó, aunque los casos ocurrieron en Tolima y Arauca. Las dos sentencias restantes tienen condena por homicidio y no por tipos penales relacionados con violencia sexual. ¿Cómo es que la Procuraduría habla de balances positivos cuándo no se encontró ni siquiera una sentencia condenatoria con información fiable? Estas once dudosas condenas son apenas el 6% de la totalidad de los casos. Solo el 11,4% tiene presunto autor identificado con actividad procesal, 37,7% de los casos se encuentran archivados y el 51,5% en investigación preliminar.

Todo esto sería un capítulo más sobre la ineptitud de nuestras instituciones si no fuera por dos cosas. La primera es que ambas, Fiscalía y Procuraduría, tienen el descaro de presentar informes en donde anuncian su gestión como positiva. La segunda es que este descoco tiene como consecuencia que muchas mujeres que nunca pidieron estar en medio de un conflicto inventado por hombres, carne de cañón, territorio de guerra, queden desprotegidas y sin acceso a la justicia. Qué ridícula y cruel se ve la pelea entre el fiscal y el procurador cuando discuten mediáticamente que si el proceso de paz sí, que si el proceso no, cuando sus instituciones son las primeras que dejan impunes los crímenes contra las mujeres en medio del conflicto.

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