Tutelas antiderechos, una política estatal

Columna publicada el 16 de octubre de 2013 en El Espectador.

Tras el matrimonio de Elizabeth Castillo y Claudia Zea en Gachetá, varios habitantes del pueblo hicieron una marcha en contra del matrimonio igualitario y del juez Julio González Hofmann, cuya gran valentía, irónicamente, consiste en cumplir con su trabajo.

Aunque la manifestación fue pacífica, otros matrimonios tuvieron que ser aplazados ante la amenaza latente de que les lanzaran huevos y lavaza de marranos para quien osara “convertir a Gachetá en Gaychetá”. La alcaldesa, Mónica Romero, dijo que “el municipio es altamente conservador. Pese a que la norma no prohíbe estos hechos, se ha generado un choque con la comunidad; lo que quiere es que el municipio no caiga en un estigma”, dijo, haciéndose la de las gafas con su propio eslogan: “Gachetá sí progresa”. Es claro que la alcaldesa está más preocupada por el pretendido estigma que por garantizar los derechos de los habitantes del pueblo, que, por pura estadística, debe tener 6% de población homosexual. Tampoco ha instado a la policía de Gachetá a investigar las amenazas de sabotear un matrimonio civil atentando contra el orden público, ni a proteger a las parejas, y con esa permisividad se hace cómplice de los grupos radicales antiderechos.

Con singular oportunismo, la Fundación Marido y Mujer, fundada apenas el 16 de agosto por dos hermanos (sus únicos miembros), uno pastor y otro militar, se ha “tomado la vocería de la población”, que se rehúsa a aceptar la Sentencia C-577/11. Aunque la Fundación no tiene acta de constitución ni registros financieros, parece que tuviera por claro estatuto arruinar la felicidad de los demás. Por eso ha empezado a perseguir a los jueces, entre ellos al juez promiscuo de Gachetá. Javier Suárez, “presidente” de la fundación, niega estar acolinchado con la Procuraduría, pero es claro que sigue su ejemplo, pues el primero en presentar este tipo de tutelas fue el procurador delegado Gustavo Trujillo.

La tutela en contra del matrimonio de Claudia y Elizabeth fue declarada improcedente por falta de legitimación. Esto debería ser un resultado obvio, pues la tutela está para que los ciudadanos defiendan sus derechos fundamentales, no para quitárselos a los demás. Sin embargo, es inaudito que la Procuraduría, supuesta defensora de los derechos humanos de los colombianos —y que debería estar investigando a la alcaldesa de Gachetá y a la sospechosa fundación Marido y Mujer—, lidere el uso de tutelas para torpedear nuestros derechos fundamentales. No es la primera vez. Los procuradores delegados sistemáticamente atacan los derechos de los ciudadanos usando el mecanismo con el que se deben defender. Ya pasó el año pasado cuando Ilva Myriam Hoyos denunció a Mónica Roa por interponer una tutela —junto a 1.280 mujeres— para garantizar el derecho al acceso a la información. La Procuraduría también ha ordenado a personerías y juzgados civiles entregar informes sobre la realización de matrimonios igualitarios, algo que jamás se ha pedido para el matrimonio heterosexual. Mientras tanto, los crímenes de odio y contra la población LGBTI (incluso los ocurridos dentro de la misma Procuraduría) siguen sin ser investigados. Asimismo, los crímenes de violencia sexual contra mujeres en medio del conflicto y  los casos de flagrante corrupción por parte de funcionarios públicos, no parecen interesarle a la Procuraduría que, con la reelección de su desquiciado líder lefebvrista, ha perdido todo el pudor en su cruzada antiderechos.

Una cosa es que la sociedad civil se manifieste en contra del matrimonio igualitario, eso es libertad de expresión, pero otra muy distinta es que mecanismos del Estado se organicen para atacar derechos adquiridos de manera legítima y que el Gobierno guarde un cómplice silencio al respecto, permitiendo que un oxímoron como las tutelas antiderechos se conviertan en política institucional.

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