El laberinto

Columna publicada el 4 de diciembre de 2013 en El Espectador.

Desde que salió la ley 1257 de 2008 para combatir y prevenir las formas de violencias contra las mujeres, los casos se han disparado. Según Medicina Legal, en 2012 se presentaron 65.210 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, 47.620 casos de violencia ejercida por la pareja o expareja, 18.100 casos de violencia sexual y 138 casos de feminicidios íntimos, que es el tipo específico en el que los asesinatos son cometidos por hombres con quienes las víctimas tienen relaciones cercanas y de convivencia.

Eso, en primera instancia, es positivo, pues estamos hablando de los casos registrados y las cifras se ven disparadas porque, gracias a la Ley, las denuncias son mucho más frecuentes. Lastimosamente, esta no es la única explicación para el aumento en las cifras. Lo que muestra el informe de la Mesa de seguimiento a la implementación de la Ley 1257, presentado el martes en la Defensoría del Pueblo, es que los efectos reales para reducir la violencia contra las mujeres han sido bien pocos y que los casos, en sus diferentes naturalezas, siguen en aumento.

La primera gran razón es que cinco años después el Estado continúa en fase de formulación de normas y procedimientos y aún ni siquiera vislumbra llegar a la fase de implementación. La segunda es que se han dispersado los modelos de atención a las mujeres y los trámites para las medidas de protección son muchos, atomizan las formas de violencia cuando usualmente se presentan de manera integral; es decir, una mujer con malas condiciones laborales y poca educación es más propensa a ser, además, víctima de violencia física, sexual o de acoso laboral, y tiene menos herramientas para acceder a la justicia. Si una mujer logra desenmarañar la inmensidad de trámites por los que tiene que pasar para, por ejemplo, buscar protección porque su marido le pega, estos pueden llegar a durar un total de diez días, que ella pasará a merced de su agresor.

Por otro lado, no hay protocolos de atención claros en las entidades a las que una mujer debe acudir en caso de agresión. En las EPS no hay rutas claras para ofrecer medidas de alojamiento, alimentación y transporte, y no hay personas especializadas para dar trámite a estas medidas. Si una mujer llega a una EPS tras ser víctima de una violación, la entidad no suele darle la opción de elegir el sexo del médico que la atenderá ni cuenta con ropa para prestarle una vez la que lleva puesta ha sido recogida como prueba. Si una mujer llega a denunciar violencias a una comisaría de familia, muchas veces es obligada a conciliar con su agresor, o forzada a hacer concesiones de ese tipo debido al enfoque familista de las comisarías. En el ámbito del trabajo, el acoso sexual todavía se ve como una modalidad de acoso laboral y por eso aplica la Ley 1010, que entre otras cosas recomienda tratar de superar el “incidente de forma amigable”.

Finalmente, los niveles de impunidad son altísimos: de las investigaciones por delitos sexuales y violencia intrafamiliar que se tramitaron de 2009 a 2012, más del 80% se mantiene en situación de impunidad. En 2012 la Fiscalía registró 87.385 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 62.134 están inactivos sin explicación visible.

Colombia es un país con leyes muy bonitas que no llegan a ser implementadas. En el caso de la Ley 1257, los diferentes esfuerzos que se adelantan desde los sectores de trabajo, justicia, educación y salud no superan la etapa de formulación de proyección de medidas, que cada vez son más numerosas llevando a un modelo de atención saturado, desarticulado, ineficaz y por lo tanto revictimizante. Las mujeres víctimas de cualquier violencia en Colombia no tienen garantías reales que les permitan sentirse protegidas por el Estado. Lo que tienen, tras cinco años de la Ley 1257, es un laberinto metafísico lleno de callejones sin salida.

Pata: Ante la polémica que ha desatado mi columna publicada en Pulzo.com sobre Miley Cyrus, publicaré pronto una respuesta en ese mismo medio.

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