Novena por la tutela

Columna publicada el 18 de diciembre de 2013 en El Espectador.

Hace dos años se hizo una reforma constitucional al artículo 334, que básicamente les decía a los jueces que cuando fueran a hacer sus fallos tuvieran en cuenta que hubiera recursos para cumplirlos.

Esto ocurrió en el marco de un debate constitucional en el que un bando dice que los derechos son derechos, y por eso el Estado debe garantizarlos, y otro realista que contesta “muy bonito todo, pero con qué plata”. Al parecer, ese debate acaba de llegar a su palabra final con una nueva ley que acaba de pasar, calladita, en la Cámara y que ayer miércoles fue sancionada por Santos.

La ley acaba de darle la facultad al Gobierno para presentar ante los jueces un recurso que retrasa, limita o impide el cumplimiento de la tutela con un argumento fiscal. Básicamente, de ahora en adelante, cada vez que un juez falle a favor de una tutela, el Ministerio de Hacienda decidirá, con total discrecionalidad, si ese fallo se puede cumplir o no, dejando sin dientes a la vía más rápida y efectiva que desde la Constitución de 1991 tenemos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos fundamentales. La ley pasó agachadita en la agenda mediática, bajo la apariencia de un mero debate técnico entre economistas que no afectaría nuestros derechos. “Esta intervención del Ejecutivo permanente y radical en las decisiones autónomas de la justicia destruye el Estado de derecho y hace que el Estado social de derecho se convierta, simplemente, en un Estado fiscal”, ha dicho Rodolfo Arango, profesor universitario y hoy candidato al Senado por el Polo Democrático, que ha anunciado que pondrá una demanda de inconstitucionalidad para tumbar la ley el año que viene. Aún así, e incluso si Arango gana la demanda, en 2014 estaremos como mínimo seis meses con la tutela inoperante.

Esto, además, es una patada a la independencia de los jueces que ahora, decidan lo que decidan, dependerán de que el ministro de Hacienda les apruebe o no que sus decisiones se ejecuten; una gran ironía cuando Santos —para escurrirle el bulto al debate sobre los poderes de la Procuraduría— empieza a hablar, de nuevo, de una reforma de la justicia.

La justicia social es costosa, y más en un país como Colombia, con una larga historia de guerra y a puertas de un proceso de posconflicto. Sobre todo, la reparación social es cara cuando hay una desigualdad tan honda, pero es precisamente esa desigualdad la que nos muestra que plata sí hay, pero solo para algunas cosas. Los jueces son claves para defender que esa distribución respete los derechos fundamentales. La tutela lograba proteger efectivamente casos individuales e incluso algunas han apuntado a resolver problemas estructurales que impiden la garantía de los derechos y lo más bonito que tenía es que estaba al alcance de cualquier colombiano de a pie, que sin contactos o palancas podía usarla para reclamar justicia social. Digo protegía, y tenía, porque es en serio, la tutela se acabó, de ahora en adelante cuando un juez le diga al ciudadano que sí, que es justo que el Estado restablezca y/o garantice sus derechos, el Ministerio de Hacienda le dirá que no hay plata con qué, de manera que todos los fallos de tutela estarán sujetos a una especie de dictadura fiscal que nos deja en el peor de los mundos posibles y a los colombianos más pobres cantando “mamá, ¿dónde están los juguetes?”.

Así es como el Gobierno nos desea ¡Feliz Navidad!

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