El proxeneta

Columna publicada el 4 de enero de 2014 en El Heraldo.

La supuesta multa millonaria y sin precedentes de casi 7 mil millones de pesos que se impuso a la Drummond por ennegrecer el mar samario es apenas un rasguño para la compañía que hoy continúa cargando barcazas de carbón a cielo abierto en un flagrante incumplimiento de la ley. La empresa anunció que aún le falta tiempo para terminar el puerto de Ciénaga que les permitirá hacer el cargue directo y la verdad es que les sale más barato pagar la multa diaria.

Su desprecio por la ley no es de extrañarse cuando su contrato minero es, de entrada, una muestra de que la soberanía nacional no existe. A diferencia de otras empresas mineras que nos pagan regalías por la producción “en boca de mina”, la Drummond solo nos paga por el carbón que embarcan, así que todo el que se pierde en el proceso técnico (con el que contaminan el mar) es otra pérdida económica para el Estado. Además la compañía ha puesto unas restricciones de acceso a la información sobre sus operaciones, tan grandes, que su realidad contable es inaccesible e inescrutable y la información de embarques es provista por un certificador independiente que es nombrado y pagado por la compañía.

Como si fuera poco, el contrato original está redactado de tal manera que si la Drummond incumple, pero paga en los primeros diez días, el hecho no queda registrado en el expediente, pero si es el Estado quien incumple la Drummond no pierde tiempo en demandarnos. El 28 de diciembre de 2012 les pagamos 60 mil millones de pesos después de que la Cámara de Comercio Internacional de París fallara a favor de la empresa minera por el caso contra Ferrovías. En 1999 Ferrovías hizo un contrato con Fenoco para rehabilitar varios kilómetros de la vía férrea del Atlántico, financiando las obras con 80 millones de dólares que aportaría el Estado y con el 90% de los aportes que la Drummond nos paga por el uso del tramo férreo. Un acta del 2001 le dio vía libre a Ferrovías para girarle a Fenoco un anticipo por 12,5 millones de dólares sin exigirle garantías y sin que las obras hubieran comenzado siquiera.

La obra, financiada con dineros estatales, tuvo un retraso del 43% y la Drummond demandó por las pérdidas que produjo que no pudieran transportar “eficientemente” el carbón. En conclusión, perdimos y perdimos. Como dato curioso, no sobra añadir que Peter Burrowes, presidente de Fenoco entre junio de 2008 y agosto de 2012, dejó su cargo para ser nombrado Vicepresidente Ejecutivo de la Drummond en noviembre de ese mismo año.

Todo esto, sin hablar del grave daño a la salud de los trabajadores y habitantes de la zona, más de 400 hoy tienen incapacidad por tener sílice y carbonilla en los pulmones, o del asesinato de líderes sindicales a manos paramilitares que parecen tener vínculos con la compañía.

La importancia de la defensa del medio ambiente está lejos de ser un argumento pachamamista; es un problema de economía y geopolítica. Nuestros recursos naturales son la única ventaja económica que nos hace competitivos frente a otros países, sin embargo, nuestra política de abrirle las piernas indiscriminadamente a la inversión extranjera, cual jinetera con gringo, le permite a la Drummond explotar nuestro carbón de manera abusiva y con la venia de un Estado que está dispuesto a rematar nuestros recursos naturales no renovables en un afán ingenuamente pragmático por tener flujo de caja, confundiendo la inyección de capital con la generación automática de progreso sustentable y administrando nuestras riquezas como lo haría un corriente proxeneta.

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