Alejandro

Columna publicada el 15 de enero de 2014 en El Espectador.

Alejandro Ordóñez nunca ha ocultado sus intenciones.

Tanto en su tesis universitaria como en sus libros, en cuyas portadas se iguala sutilmente al feminismo con la antropofagia, ha dicho sin pena que “Dios” (su dios, que ni siquiera es exactamente el de los católicos, porque el tipo es lefebvrista) está por encima de la ley, de la justicia y de todos. Como el dios de Ordóñez es invisible, inaudible e intangible, dependemos de las epifanías que dictó en tiempos más bárbaros, cuando no sabíamos lo que era la esquizofrenia, y de las interpretaciones que haga quien hoy es, sin duda, el hombre más poderoso del país.

Ordóñez tampoco ha ocultado su inmenso poder. Basta con ver las sociales de la boda de su hija, que parecía una fiesta de los Borgia y a la que asistieron, sin pudor alguno, periodistas, políticos y funcionarios públicos: el más puro reducto del poder, engalanado y dispuesto a pelarle el diente a su majestad procurador.

Ordóñez es un tipo con estilo y su refinamiento se nota en que no podemos achacarles formalmente a sus decisiones ninguna de lo que para muchos (y me incluyo) son sus evidentes intenciones. Esto, al punto que se da el lujo de declarar, en monárquica tercera persona, que “si aquí ha habido alguien discriminado por razones de las convicciones religiosas es el procurador”. Todas sus artimañas se inscriben inteligentemente en el amplio gris de la formalidad colombiana. Por ejemplo, en su sanción contra Petro, es innegable que el alcalde comete faltas; ahora, lo que no es tan claro es que éstas sean gravísimas. Por ejemplo, en el caso del impacto ambiental, el documento analiza el informe de Monitoreo y Control Ambiental elaborado por la Secretaría Distrital Ambiental de Bogotá, que dice claramente que en el catastrófico día en que Bogotá migró su sistema de basura, sí se presentó un impacto visual y un impacto “consistente en la generación de olores ofensivos”, pero aclara que no hubo generación de vectores de enfermedades y que “no se ocasionaron impactos ambientales sino amenazas potenciales”. Una página más tarde el documento equipara “amenaza potencial” con “riesgo” y el riesgo con “daño potencial”. De todas maneras la definición de falta gravísima es tremendamente amplia (incluye desde fallas de gestión hasta genocidio) y en el Código Único Disciplinario se contemplan sanciones de 10 a 20 años. Así, uno puede hasta decir que la Procuraduría se fue por el justo medio.

“Mire, yo no fui constituyente; fue la Constitución del 91 la que fortaleció la Procuraduría. Yo no fui legislador; fueron los legisladores de 2002 quienes diseñaron el sistema disciplinario. Yo no he participado en el diseño de la Procuraduría”, dijo Ordóñez ante las acusaciones por su aparente sanción política al alcalde. Es cierto, Ordóñez llegó a un escenario cuyas tremendas posibilidades habían pasado desapercibidas para todos. La culpa, al final, es nuestra.

Los colombianos somos felices redactando leyes, no importa que sean complicadas, redundantes y verbosas, como soñadas por Escher. Creemos que son conjuros mágicos que resolverán todos nuestros problemas, y tal vez sí, si el problema mayor no fuera que no nos gusta cumplir ni conocer la ley. Por eso nadie se tomó en serio su poder y fanatismo, alertas de peligro que Ordóñez siempre ha ondeado sin disimulo, de forma tan evidente que lo verdaderamente inaudito es que hoy haya quien se sorprenda de la manera tan firme y elegante con que tiene al país agarrado por los huevos.

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