Déjà vu

Columna publicada el 5 de marzo de 2014 en El Espectador.

En vísperas del 8 de marzo, ya parece una tradición enterarse de casos de crímenes contra las mujeres. Este año, entre otras noticias, el magistrado Fernando Castañeda fue acusado por su vecina de amenazarla con un cuchillo por ocupar su parqueadero durante 10 minutos. La denuncia sería un caso más de “él dijo, ella tuvo la impresión” si no fuera porque el tipo quedó grabado en el ascensor portando un cuchillo y ella llorando minutos después. En Santa Marta, la estudiante Silvia Pacheco denunció a su padrastro, el fiscal Rafael Lizarazo, por darle una muenda cuando llegó borracho y en “reprimenda” porque “ella gastaba muchos minutos del celular”.

No es novedad que nuestros servidores públicos sean un modelo de misoginia y esa es una de las principales causas de la rampante impunidad ante la violencia contra las mujeres. Esta impunidad (más del 80% entre 2009 y 2012; 87.385 casos de violencia familiar en 2012, de los cuales 63.134 quedaron inactivos sin explicación aparente) promueve y naturaliza los ataques y hace que muchos casos ni siquiera lleguen a ser denunciados.

Sé de una mujer a quien su marido le pegó. Cuando vino la policía, los entrevistó en la sala como si nada, ella sentada junto a su agresor. Después de que la mujer dio su declaración, los policías le preguntaron a él si eso era cierto. Él dijo que sí. Y añadió que ella también le había pegado. Ella explicó que le había pegado una cachetada en defensa propia, y entonces los policías le dijeron que como la agresión había sido mutua tenían que llevarse al hijo de la pareja, un bebé, a pasar la noche en Bienestar Familiar. Ante la perspectiva de dejar a su hijo, la mujer decidió retirar la denuncia.

¿Cómo y para qué denunciar cuando a los policías no les parece suficiente el testimonio de una mujer agredida ni entienden que deben tomar medidas para alejarla de su agresor, pero sí le presentan la opción de separarla de su hijo, algo que más parece una amenaza? ¿Con qué esperanzas de justicia con perspectiva de género se puede aguardar un fallo del juez Lizarazo, que es acusado de llegar borracho a pegarle a su hijastra con aparente complicidad de su mujer? ¿Cómo tener respeto por la autoridad de los tribunales cuando un magistrado, según sugieren una denuncia y un video, usa su cargo para amenazar a una mujer con un arma blanca?

Me pregunto si el presidente en campaña, o el procurador, o el Consejo Superior de la Judicatura nos dirán algo sobre la irresponsabilidad del Estado frente a las acciones de funcionarios públicos machistas, entre los que podemos recordar a los ya célebres José Rodolfo Pérez (congresista yopaleño), Luis Alfonso Villamil (edil de Usaquén), Wilson Duarte (concejal del Polo), Tomás Concha (¡asesor presidencial en derechos humanos!) y hasta al siniestro Kiko Gómez. Quizás nos expliquen por qué cinco años después de que saliera la Ley 1257 para combatir y prevenir las formas de violencia contra las mujeres, el Estado continúa en fase de formulación de normas y procedimientos, o hablen del nefasto balance que muestra el informe de la mesa de seguimiento al auto 092 de 2008, el cual deja en evidencia la infinita ineptitud de Fiscalía y Procuraduría. Pero no. Este es un gobierno afable y probablemente nos cuente que vamos avanzando porque ya tenemos una (1) mujer general, algo de lo que ya alardea el ministro de Defensa.

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