Memorando 18

Columna publicada el 05 de abril de 2014 en El Heraldo.

Recientemente se filtró un memorando en el que la Procuraduría general de la Nación “conforme a instrucciones precisas del señor procurador general” pide “remitir información y copias respecto a solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo […] para poder elaborar el consolidado que debe ser presentado al despacho del señor procurador”. El memorando, firmado por la más fiel de las secuaces de Ordóñez, IIva Myriam Hoyos, una villana de cuento que parece imaginada por Roald Dahl, pide que toda la información sea remitida antes del 31 de julio de 2013. Días más tarde otros procuradores generales empezarían a entutelar las uniones de parejas del mismo sexo para tumbarlas.

Hoyos, irónicamente procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, es la misma que La Silla Vacía pilló in fraganti admitiendo por chat que estaba presente en la discusión del Senado sobre el matrimonio igualitario para sabotearlo.

No es la primera vez que la Procuraduría se extralimita en sus funciones para pedir información que no le concierne, con claros fines de hostigamiento. La sentencia T 585/10 muestra cómo la procuradora Hoyos viajó a Villavicencio para increpar a un médico que había examinado a una niña de 12 años que quería practicarse un aborto. ¿Cómo obtuvo la procuradora esta información? ¿Por qué forzó al médico a violar el secreto profesional para revelar los datos de la niña?

En el 2012, varias organizaciones acusaron a la procuraduría ante la CIDH por hostigamiento y criminalización a los defensores de derechos humanos. En la audiencia (a la que no acudió la Procuraduría, y tuvo que llevarse a cabo en el 2013) se presentaron tres casos: el de Mónica Roa, defensora de los derechos de las mujeres, que, junto a 1800 mujeres, interpuso una tutela para exigir el derecho a la información sobre derechos sexuales y reproductivos. La procuradora Hoyos la denuncio por poner esa tutela, alegando injuria y calumnia. También se presentó el caso de Daniel Sastoque, exfuncionario de la procuraduría y activista por los derechos LGBTI que fue víctima de matoneo y hostigamiento al interior de la entidad, y el sonado caso de la Clínica de la Mujer en Medellín, que nunca pudo construirse por la persecución de la Procuraduría. Es clarísimo que la procuraduría tiene una agenda político-religiosa. Ordóñez, reelegido, ya no tiene que disimular nada.

Una entidad del Estado no puede pedir información sobre conductas que no son delictivas a ciudadanos que tienen derecho a la privacidad. La vigilancia, debe ser al contrario. Somos los ciudadanos los que le tenemos que pedirle cuentas a la procuraduría, entre otras cosas para que nos diga ¿por qué, en vez de protegernos, nos persigue y nos intimida cuando ejercemos nuestros derechos fundamentales? Mientras no seamos nosotros quienes hagamos las preguntas, seguirá circulando el Memorando 18.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s