Entre dientes

Columna publicada el 30 de abril de 2014 en El Espectador.

Rosa empezó a ver puntitos en su ojo derecho, como si viera a través de un limpiabrisas sucio. Es diabética e hipertensa. El asunto está controlado con tratamientos, pues su hija la lleva con regularidad al médico. Hizo cita con el médico general de su EPS (10 días), quien la remitió a un oftalmólogo (20 días) y éste la remitió a un especialista de retina (45 días).

El especialista ordenó unos exámenes del ojo y, al mes, Rosa regresó a consulta. El especialista prescribió un tratamiento. En la EPS (Salud Total, en este caso) negaron el tratamiento porque el médico debió “anotar circunstancias” y “anexar una historia clínica de la paciente”. Una semana después el especialista entregó los papeles completos. Pasó un mes. La EPS volvió a negar el tratamiento. Rosa (que puede hacerlo) acudió a un especialista privado, quien le dijo que lo que necesitaba era inyectar, en su globo ocular, una sustancia que se usa para tratar el cáncer. Como Rosa no tiene cáncer, la EPS negó el tratamiento. El especialista volvió a prescribir el tratamiento y la EPS lo volvió a negar. En baja voz, la chica de la ventanilla le sugirió a Rosa que pusiera una tutela.

El “tip” de la tutela es una práctica común. Muchos tratamientos no les salen rentables a las EPS (y ser rentables es su prioridad) así que los niegan en todas las instancias posibles. Un fallo favorable de la tutela le asegura a la EPS que podrá recobrar el dinero del servicio (eso le explicó literalmente a Rosa la chica de la ventanilla) y entonces acceden a prestarlo. Rosa busca un abogado, pone una tutela. El ojo derecho está lleno de puntitos. Rosa ya no puede ver.

El fallo fue favorable a Rosa, pero llegó dos meses después. Rosa presentó la tutela a la EPS y le aprobaron una ampolla distinta a la solicitada por el médico: una “más efectiva y de menor costo”. Con la inyección genérica, Rosa volvió a ver. He aquí un tortuoso final feliz.

Una reciente auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud confirma lo que para los usuarios es un drama. Algunos servicios, como el de la interrupción del embarazo, tienen otras trabas crueles para los pacientes, quienes además de los trámites legales a contratiempo tienen que aguantar a prestadores de servicio que juzgan y maltratan a las mujeres y a las niñas, o a funcionarios que se sienten intimidados por entidades como la Procuraduría. Eso sin contar aquí la romería de los pacientes que tienen dolencias aparentemente más “etéreas”, como las de salud mental. El proyecto de reforma a la salud que se tramita en estos momentos en el Congreso, mantiene el modelo de los gestores de salud, que parece un simple cambio de nombre para las EPS y el instrumento de compra de cartera a las IPS para darles liquidez.

Quede como quede la reforma, uno se pregunta si seguiremos sometidos a saltar por entre aros de fuego para adquirir servicios de salud básicos, como si la enfermedad no fuera de por sí suficiente prueba de resistencia. La avaricia de las EPS atenta contra el derecho a la salud de los ciudadanos y termina por inundar los despachos judiciales de tutelas, lo que también afecta la administración de justicia. Son dos burocracias masticándose entre sí y el paciente no es más que un mugre que les queda entre los dientes.

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