La lanza ladrillos

Columna publicada el 17 de mayo en El Heraldo.

Hace unas semanas llegó a este periódico un largo mamotreto leguleyo con el que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y la señora María Luisa Piraquive (su líder) piden una rectificación a mi columna “Comunión y votos”, publicada el 18 de enero. No solo piden que se rectifique mi columna, el ladrillo legal señala que las columnas “De pastoras y borregos”, de Jorge Muñoz Cepeda, y “El opio del pueblo”, de Abelardo de la Espriella, también deben hacer una rectificación y argumentan que nos equivocamos al decir que Piraquive y su iglesia discriminan pues dicho comportamiento estuvo dictado por su dios.

Esta columna es para decirles que no haré tal rectificación. No tengo por qué hacerlo. Primero porque esta es una columna de opinión y exigir “opiniones objetivas” es un oxímoron. Además, mi columna trata sobre asuntos de interés público y eso le da una especial protección en términos de libertad de expresión. Según el concepto de la Fundación para la Libertad de Prensa, “debido a que se trata de una columna de opinión, la subjetividad que se permite es mucho mayor y las dosis exigidas de veracidad son menores. Lo anterior debido a que no es posible probar si una opinión es buena o mala, si es verdadera o falsa”. La Corte Constitucional también ha dicho que la opinión incumbe a “la subjetividad propia de cada individuo, ámbito que está protegido por la Constitución de 1991 y se articula sistemáticamente con la libertad de conciencia”. Qué lástima que se necesiten tantas palabras para explicar una tautología como que la opinión es subjetiva.

Por otro lado, mi columna habla de las relaciones de la Iglesia con una funcionaria pública, la senadora Alexandra Piraquive, hija de María Luisa Piraquive. La Corte también ha dicho muchas veces que los servidores públicos se exponen voluntariamente al escrutinio de la sociedad. La rectificación no aplica en las opiniones sino a hechos expresados en artículos de opinión y todos los hechos a los que me refiero en mi columna son de conocimiento público y fueron revelados previamente por otros medios de comunicación. La solicitud se limita a subrayar la frase que, supongo, es la que más los ofende de mi columna: “Este no es el primer caso público de discriminación que esta Iglesia y la familia Piraquive enfrenta”. Y no lo es, pues en el 2006 expulsaron al hermano de la senadora Iván Moreno Piraquive debido a su orientación sexual y fue él mismo quien les dijo a los medios que la iglesia y el partido de su familia son la misma cosa.

El Heraldo no debió ser el único medio que recibió una solicitud similar y en Colombia ya es una práctica común que los políticos recurran a abogados para intimidar a periodistas y opinadores con demandas o posibles demandas de injuria y calumnia que solo buscan fomentar la autocensura. Estamos ante el gran peligro judicializar el debate y el escrutinio público.

Según logro entender, Piraquive argumenta que no discrimina porque sus segregaciones son dictadas por el dios de franquicias en el que cree. Yo, que soy agnóstica, le hablo según la Constitución, que es el pacto que tenemos todos los ciudadanos. A mí me ofende que una iglesia le imponga obligaciones electorales a sus feligreses y a ella le ofende que lo diga. Mi derecho a opinar es igual a su derecho a creer.

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