Magistrados: ratifiquen nuestros derechos

Columna publicada el 9 de julio de 2014 en El Espectador.

Respetados Magistrado de la Corte Constitucional:

La sociedad civil acaba de enterarse de que hoy se estará discutiendo la nulidad de dos sentencias que han marcado un hito para los derechos sexuales y reproductivos, para la democracia y el Estado Social de Derecho.

La sentencia T-841/11 ordenó que se indemnizara a una niña de 12 años a quien no le realizaron un aborto legal en su EPS, que, con psicótica crueldad, la paseó por laberintos burocráticos y permaneció impasible ante su intento de suicidio. Mientras tanto el embarazo avanzaba y la madre de la niña puso una tutela, que fue negada en primera instancia. Para cuando llegó el fallo favorable de la Corte Constitucional, la niña había dado a luz. Por eso, la Corte ordenó una reparación económica a la niña por el maltrato y por perder su plan de vida, y servicios médicos y psicológicas para ella y su hijo. La sentencia también reitera que se debe proteger la identidad de las niñas y mujeres; que los certificados de médicos no adscritos a la EPS son válidos; y ordena que tanto el procedimiento de la IVE como cualquier refutación se realicen en un plazo no mayor a cinco días después de la solicitud. La nulidad de esta sentencia no solo obligaría a esta niña, estrato 1, a devolver su indemnización, sino que también tendría efectos generales gravísimos; por ejemplo, legitimaría a las EPS para negar el servicio a gusto (como muchas lo han venido haciendo ilegalmente) y entonces las mujeres tendrán que asumir embarazos forzados o poner en riesgo su vida o salud por el embarazo, a pesar de tener la opción legal de interrumpirlo; y la identidad de las mujeres y niñas no sería protegida, y cualquier mujer que interponga una tutela para solicitar su derecho a la IVE podría ser perseguida penalmente (como le pasó a una mujer que fue denunciada por la procuradora Hoyos).

La sentencia T-627/12 fue la respuesta a una tutela que interpusimos 1.280 mujeres reclamando nuestro derecho a información completa, veraz y oportuna sobre nuestra salud sexual y reproductiva. La sentencia ordena a Ordóñez y dos de sus delegadas rectificar mentiras que estuvieron difundiendo en los medios de comunicación, como que el postinor (mal llamado “pastilla del día después”) es abortivo, cuando en realidad es anticonceptivo; o que el misoprostol (una pastilla que sí facilita la realización de abortos) es peligroso según la OMS, cuando, por el contrario, esta lo recomienda como uno de los métodos más seguros. La sentencia reitera el derecho de todos a la información y exige a los funcionarios públicos no decirnos mentiras y tomarse en serio nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Casi el 60% de los embarazos en el país son indeseados. Cada hora, dos niñas son víctimas de abuso sexual. La información que recibimos sobre nuestra salud sexual es confusa y escasa; tanto es así que muchas mujeres ni saben que el aborto es un derecho, y las que lo saben y lo reclaman de manera legítima, se enfrentan a un sinfín de maltratos por parte de quienes deberían prestarles un servicio de salud. Así es la vida de las mujeres en Colombia con las sentencias vigentes; pero al menos tenemos la certeza de que nuestros derechos existen en el papel. Más allá de si la petición de nulidad responde o no a un favor político del magistrado Rojas con el procurador, la T-841/11 y la T-627/12 son sentencias importantes, necesarias y justas. Varias veces, como Corte Constitucional, han rechazado los intentos del procurador de reabrir debates cerrados sobre el aborto legal, y no es hora de permitir que se echen para atrás los derechos de las mujeres. Señores magistrados: los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, es el momento de ratificarlos.

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