Ni mar ni pañitos de agua tibia

Columna publicada el 12 de julio de 2014 en El Heraldo.

El año pasado, para amainar la indignación y la angustia por la pérdida del mar de San Andrés, se anunció con bombos y platillos que la Reforma tributaria incorporaría varias medidas que beneficien el desarrollo a largo plazo del archipiélago. Ya que los sanandresanos se quedaron sin mar donde pescar, el gobierno les prometió que estarían exentos del impuesto sobre la prestación de servicios turísticos, producción agropecuaria, piscícola, maricultura, mantenimiento y reparación de naves, salud, procesamiento de datos, call center, corretaje en servicios financieros y programas del desarrollo tecnológico. También les dijeron que se crearía una subcuenta para la región en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para apoyar el financiamiento de programas de inversión en caso de situaciones “que generen efectos económicos y sociales de carácter prolongado”. Se dijo que la cuenta tendría 75 mil millones de pesos para pagar subsidios de $1.800.000 para los pescadores artesanales. También se ofrecieron inversiones para el desarrollo a largo plazo del archipiélago por casi 170 mil millones de pesos. “Son incentivos tributarios para que los inversionistas vengan a San Andrés a crear empleo, a generar puestos de trabajo, con exenciones tributarias, con beneficios tributarios”, dijo Santos en una visita a la isla en diciembre del 2012. Mejor dicho, cualquiera diría que perder el mar fue una bendición disfrazada.

Mientras tanto, los problemas de crimen, narcotráfico y paramilitarismo aumentan en la isla. Por obvias razones, el archipiélago tiene una larga tradición de narcotráfico y contrabando, pero además en 2005 llegaron varios cabecillas de grupos paramilitares a San Andrés y empezó la disputa por las rutas hacia Centroamérica. Llegaron Los Paisas, Los Urabeños y Los Rastrojos. Se anunciaron con panfletos. Empezaron a cobrar vacunas. Se triplicaron las muertes violentas. Los jóvenes sin trabajo, qué antes se dedicaban al transporte ilegal de gasolina y drogas, ahora se vinculan a la violencia directa: amenazas, torturas, secuestros y asesinatos selectivos. Hoy, aunque el archipiélago concentra el 25% de las actividades turísticas de Colombia, (es decir, plata sí le llega) el indicador de necesidades básicas insatisfechas es de 40.84% en San Andrés y de 19.7% en Providencia.

Y lo peor es que la bendición prometida quién sabe cuándo o cómo llegará. Ayer la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos del 151 al 155 de la Reforma Tributaria (Ley 1607/12) que favorecían al archipiélago. Al parecer (aún no se conoce oficialmente el documento de la sentencia) el único que se salvó fue el artículo 150, sobre la exención del impuesto sobre la renta y complementarios. La sala acogió el argumento de la Procuraduría que dijo que “estas disposiciones desconocían el principio de unidad de materia, pues el propósito fue reformar algunos aspectos del presupuesto general de la Nación”. El argumento es plausible, pero, vicio de forma o no, la realidad práctica es que los sanandresanos quedaron jodidos: se ven agobiados por la violencia creciente y la falta de oportunidades; ya no tienen dónde pescar; y los dulces que les ofrecieron de consuelo se están embolatando. ¿Escucha el gobierno el tic-tac del archipiélago, convertido en una bomba de tiempo?

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