Estado: machista y negligente

Columna publicada el 9 de agosto de 2014 en El Heraldo.

Ángela González Carreño huyó de su casa porque su marido le pegaba y lo denunció para separarse. En ese entonces, 1999, su hija Andrea tenía 3 años, y Ángela obtuvo su custodia, con un régimen de visitas restringido para el padre agresor. Sin embargo, el tipo la siguió llamando para amenazarla de muerte, se le aparecía de repente en la nueva casa, por la calle, las persiguió en el carro para arrojarlas fuera de la carretera y hasta llegó a agredir a Ángela frente a la policía. El padre también usaba a su hija para interrogarla, durante las visitas, sobre la vida sentimental de su madre y la amenazaba con no llevarla de vuelta si no le contestaba. Andrea también tenía miedo.

Durante 2 años, Ángela inició numerosos procedimientos penales y civiles para proteger la vida de ambas. Más de 40 denuncias. Pidió órdenes de protección para su hija pero no se las dieron, al parecer para proteger los derechos de visita del padre, incluso a pesar de que la niña decía que temía verlo a solas. Finalmente en 2002, a solicitud del padre, un juzgado autorizó un régimen de visitas no vigilado por Servicios Sociales.

El 24 de abril de 2003, Ángela fue al Centro de Servicios Sociales a recoger a su hija a la hora correspondiente, después de la visita con su padre. Andrea, que para entonces ya tenía 7 años, no estaba. Después de esperar una hora y de hacer varias llamadas al maltratador sin obtener respuesta, Ángela decidió acudir a la Guardia Civil para que la acompañaran a buscar a la niña en el domicilio. Cuando llegaron a la casa, descubrieron los dos cuerpos sin vida. El agresor había matado a su hija y después se había suicidado.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW), condenó esta semana al Estado español por no actuar de manera diligente en el caso de Ángela González que se mantuvo impune por casi 11 años. La demanda la interpuso en su representación la ONG internacional con sede en Colombia, Women’s Link Worldwide, y sienta un precedente internacional importantísimo sobre cómo la violencia de género pone en una situación de vulnerabilidad a todos, especialmente a los hijos. En la mayoría de los casos, los hijos reciben las mismas agresiones físicas, psicológicas y verbales que sus madres, y son usados como “instrumento” para agredir a la pareja. Para no ir muy lejos, podemos recordar el caso reciente del homicidio de Sildana Maestre en Valledupar, por parte de su pareja, Ricardo Molina Araujo, que llegó a la casa tarde a gritarle a su mujer y vaciar su pistola dentro de la habitación familiar, frente a sus dos hijas. Como este hay millones de casos en Colombia.

La CEDAW ordenó al Estado español a reparar e indemnizar integralmente a Ángela González y a investigar por qué ella y su hija quedaron desprotegidas. También exige que se tomen “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos”. De esta manera, el comité explica, de manera contundente, que la negligencia de los agentes estatales fue lo que dio lugar a la muerte de la niña. La condena a España por el caso de Ángela González es emblemática e histórica, pero ante todo es en mensaje para los trabajadores sociales, jueces y Estados del mundo que, como Colombia, ponen con frecuencia los intereses del agresor por encima del bienestar de los hijos. Los prejuicios machistas equivalen a justicia negligente.

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