Persiguiendo al dragón

Columna publicada el 18 de septiembre de 2014 en El Espectador.

La Procuraduría acaba de publicar un mentiroso informe en el que, irónicamente, pretende develar la verdad que se esconde tras los “ocho mitos de la legalización de las drogas”. El verboso documento (casi 300 páginas de citas descontextualizadas y pies de página infinitos) fue escrito por Juan David Gómez (¿eligió al autor la entidad pública por concurso?) y tiene por portada un grabado de Durero en el que una bruja invoca a un demonio de múltiples cabezas. El texto arranca diciendo cosas como que Colombia “debe ejercer su autoridad moral” para defender el prohibicionismo frente a la comunidad internacional, que el discurso de la legalización es una “dialéctica marxista”, y hasta lleva citas de la RAE (para ver qué será lo que significa la palabra “guerra”).

Según el mamotreto, el primero de los ocho mitos es que “la guerra contra las drogas ha fracasado”. Uno tendría que haber estado en coma los últimos 30 años para no ver que la dichosa guerra solo ha aumentado la violencia y ampliado el mercado. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (organismo a cargo de la fiscalización de las drogas a nivel global) ha identificado cinco consecuencias negativas no previstas de “guerra”: la creación de un mercado negro criminal de proporciones considerables; el desplazamiento de políticas, como despilfarrar los escasos recursos del sector salud; el desplazamiento —no eliminación— de la producción, tránsito y suministro de drogas de una región a otra como consecuencia de la aplicación de las leyes prohibicionistas; el desplazamiento del consumo de sustancias, que no elimina el consumo pero sí hace que el consumidor incursione con drogas diferentes; y la estigmatización y discriminación de los consumidores, evitando que estas personas reciban el tratamiento y el apoyo que requieren.

De esta última consecuencia registrada por la Unodc se deriva el segundo supuesto mito del libro: que “la gente que consume drogas no hace daño a otros”. Nadie dice que las drogas son inofensivas o que los consumidores no puedan llegar a hacer daño, lo que se dice es que no todos los consumidores corresponden a este estigma y que las drogas no son la causa de los comportamientos asociales, sino un síntoma más de un problema mayor. Al promover el consumo responsable se reducen tremendamente los peligros. El documento también afirma que “despenalizar o legalizar las drogas no aumentará su consumo”, cuando cincuenta años de prohibición han fracasado en prevenir un dramático incremento y, en cambio, una posible regulación de las sustancias psicoactivas sí permitiría llevar un control de quiénes, cómo y cuánto consumen y cuáles son los efectos.

No basta esta columna para citar todas las cifras y estudios que apoyan la legalización. Por eso me gustaría concentrarme en una pregunta: ¿Cómo es que un organismo público, en un país laico, usa dinero de nuestros impuestos para hacer una publicación oficial que difunde mentiras ampliamente controvertidas por las entidades competentes? En la Sentencia T-627/12, la Corte Constitucional le ordena al procurador y delegadas retractarse por haber dicho información falsa en medios, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y reafirmó el deber de los servidores públicos de garantizar información veraz como requisito básico para el ejercicio de los derechos humanos. La política pública en materia de drogas es cuestión del Ejecutivo y de la Fiscalía en lo relacionado con la política criminal. ¿Desde cuál de sus funciones se atribuye la Procuraduría la tarea de dilucidar sobre asuntos que no le competen? La vehemencia psicotrópica de la loca cruzada que Ordóñez ha emprendido contra sus dragones imaginarios es más peligrosa que cualquier consumidor. Difundir información mentirosa sobre drogas, y hacerlo desde la maquinaria y poder del Estado, causará serios problemas de salud pública. ¿Será que tenemos que ponerle otra tutela al procurador?

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