La tierra del olvido

Columna publicada el 2 de octubre de 2014 en El Espectador.

Mientras unos buscan el olvido en el alcohol, otros, más sofisticados y autoritarios, lo buscan por la vía legal.

En estos días, la Corte Constitucional está por decidir una tutela que, apelando al “derecho al olvido”, podría afectar gravemente nuestra libertad de expresión y, aún peor: podría literalmente cambiar la historia.

La tutelante fue procesada penalmente por haber participado, presuntamente, en el delito de trata de personas, pero finalmente demostró su inocencia. El periódico El Tiempo publicó en su momento la noticia, como era su deber, y ahora la tutela pide que se retire totalmente del archivo del portal. La tutela, sin importar el fallo, hace realidad lo que la ciudadana intenta evitar: inmortaliza su historia. Pero además, si es fallada a favor, nos deja un terrible lastre que afecta a periodistas, historiadores o cualquiera que quiera revisar un archivo de noticias, pues todos quedarán llenos de lagunas si en Colombia se admite “el derecho al olvido”.

Este “derecho” fue inventado recientemente en Europa con una decisión adoptada en España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dejó en manos de Google (una empresa privada) la potestad de decidir si puede o no retirar o bloquear las búsquedas de un contenido en la red, es decir, que una empresa, no un Estado, es quien decide cuándo y cómo garantizar ese derecho según sus intereses particulares y no de acuerdo con el bien común y la democracia.

Al respecto, Eduardo Bertoni escribió hace poco un post sobre los peligros adicionales que podría tener el derecho del olvido para Latinoamérica. Bertoni señala que el tal derecho es un insulto para la historia latinoamericana, que lleva años tratando de construir una memoria de los miles de crímenes que se han cometido en el territorio. El día de mañana Pinochet o sus descendientes podrían pedir que se respete su honra y que se borre todo el contenido online que haga referencia a su dictadura. También dice Bertoni que poner este tipo de trabas a los motores de búsqueda genera condiciones desiguales de acceso a la información por país, es decir, volveríamos a la época en que la mejor tarea la hacía el alumno con la mejor enciclopedia en casa, que por supuesto será el que viva en un país del primer mundo sin restricciones de acceso ni censuras autoritarias. Esto acabaría con las recientes posibilidades de educación e innovación que internet ha abierto para Latinoamérica, que hasta hoy ha sido el alumno sin libros en la casa.

Una cosa es controvertir la veracidad de una nota y pedir rectificaciones públicas, y otra, pedir que se olvide o se niegue que algo jamás se dijo. Esto es más grave aún cuando se trata de información de interés público e histórico, como lo es —casi— todo lo que aparece en la prensa. Ya la Corte ha dicho en su sentencia de Hábeas data que la información de los medios no debe tener tratamiento de datos personales, en general, cuando la información llega al periódico se convierte en patrimonio de todos.

Con demasiada frecuencia, las leyes que defienden la “honra” terminan censurándonos a todos. Colombia, que sueña con entrar en un proceso de posconflicto, no puede abrir una puerta para que los victimarios poderosos se escondan bajo el tapete y cambien los archivos de la prensa que mañana serán los archivos de nuestra historia. Constitucionalizar el olvido es obligar a la amnesia a un país que apenas acaba de darse cuenta de que debe conocer, y reconocer, su historia, para no repetirla, para sanarla. Ya es suficiente con que Colombia sea la más olvidadiza de las tierras olvidadas.

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