La guadaña de Esculapio

Columna publicada el 25 de febrero de 2015 en El Espectador.

En julio de 2010 Abuabara fue diagnosticada con leucemia. Después de tres años de tratamiento, tuvo una recaída y se encontró con un hospital sobresaturado de pacientes.

Finalmente (después de darse de alta e ir a otra IPS) le explicaron que debían hacerle un trasplante urgente de células de su único hermano, un procedimiento con un presupuesto de 200 millones de pesos. Los trámites comenzaron con el letargo de siempre, la EPS recurrió a todas las dilaciones con las que estamos familiarizados: emitir una autorización para un procedimiento diferente, enredar el papeleo porque el personal salió a vacaciones… y no fue sino hasta el 23 de diciembre de 2013 cuando se autorizó su procedimiento, después de una campaña de redes sociales que llevó al ministro Gaviria a intervenir directamente en el asunto.

Sin embargo, durante la larga espera, el efecto de la quimioterapia se perdió y el transplante ya no fue posible. En febrero de 2014, Abuabara solicitó un tratamiento experimental en Estados Unidos, en donde estaban dispuestos a tratarla con su avanzada condición. Entonces se vino encima una campaña mediática y una batalla legal. En octubre de 2014, la EPS negó la petición argumentando que el procedimiento no estaba en el POS; luego una tutela interpuesta por Abuabara ordenó a la EPS realizar el procedimiento en noviembre, y en diciembre el Ministerio de Salud intervino diciendo que los más de cuatro mil millones de pesos que costaba el tratamiento no podían ser solventados por la salud pública y que además existía la opción de realizarlo en Colombia. A Abuabara la operaron en diciembre del 2014 en Medellín, y murió antenoche por una infección intestinal.

El problema no es que muriera, sino cómo murió. A Camila Abuabara la mató un cáncer; las enfermedades mortales matan y de todas formas la muerte es inescapable. Decir que el ministro es culpable es un error y una exageración que de ninguna manera nos lleva a resolver el viacrucis en el que ha llegado a convertirse el sistema de salud colombiano. El presupuesto público para la salud nunca será ilimitado, no se puede gastar una parte importante de los fondos de la nación en un solo paciente con una enfermedad avanzada, y menos cuando el tratamiento existe en Colombia, porque el objetivo de los dineros públicos es el bien común. Pero, por su parte, Abuabara estaba en todo derecho de luchar por tener acceso a los avances de la ciencia y a un tratamiento oportuno. Todo el escándalo mediático no habría sido necesario si la EPS la hubiese atendido bien en primer lugar.

Esto ocurre en el contexto de una reforma de salud que nada que cuaja y que para muchos es un simple cambio de nombre para el mismo problema: las dificultades y la desigualdad en el acceso (que llevan a la gente a poner tutelas), la avaricia de las EPS, la quiebra de los hospitales, lo impersonal de la atención médica, el incumplimento sistemático del control de precios por parte de monopolios trasnacionales (que prefieren pagar las multas), y sobre todo, que el derecho a la salud aún se entiende como una negociación costo beneficio y no como una política integral que tiene que ver con tener agua potable, alimentación, acceso a la información, trabajos dignos y un sistema de salud al que no toque recordarle que los pacientes son seres humanos.

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