Eutanasia en Colombia

Columna publicada el 25 de abril de 2015 en El Heraldo.

Colombia acaba de convertirse en el primer país de Latinoamérica en reglamentar la eutanasia en casos de enfermedad terminal. Ya en 1997, la Sentencia C-239 que despenalizaba el procedimiento en el país (uno de los más importantes legados de Carlos Gaviria en su paso por la Corte Constitucional), era pionera en el mundo. Sin embargo, desde entonces (y como sucede con el derecho al aborto), muchos médicos se negaban a practicarla argumentado un vacío legal, o peor, una “objeción de conciencia institucional” (un exabrupto, dado que las instituciones no tienen conciencia).

Dieciocho años estuvo el Congreso colombiano negándose a legislar al respecto, pero este año la Corte emitió la Sentencia T-970 y reiteró que mientras el Congreso no legisle sobre el tema, el Gobierno está obligado a definir los protocolos para garantizarle a la gente el derecho a morir con dignidad en el territorio nacional. Además, le dio al Ministerio de Salud un plazo de 30 días (que ya se cumplieron) para elaborar las directrices para practicar la eutanasia. Esta vez, la Corte señaló de manera clara y distinta que la eutanasia es legal, y que morir dignamente es un derecho fundamental. Qué contento estaría Carlos Gaviria. Ahora, en Colombia, todas las personas adultas con enfermedad terminal podrán acceder al derecho a morir dignamente si así lo desean. La eutanasia solo podrá ser practicada por el médico tratante, necesita un pedido explícito del paciente (que puede retractarse en cualquier momento), el pedido será evaluado por un comité, y el procedimiento de sedación terminal será gratuito. Aunque la objeción de conciencia en los médicos está permitida, las instituciones están obligadas a contar con un médico no-objetor para poder cumplir con los deseos del paciente.

Como ya es costumbre, los avances en Colombia en materia de derechos humanos y sociales se dan gracias a la Corte Constitucional y de espaldas al Congreso, que siempre se tarda demasiado en discutir esos temas, que como la eutanasia, el matrimonio igualitario y el aborto, tienen una fuerte resistencia cultural fundada en una mayoría católica, que se niega tozudamente a unos argumentos humanitarios, de salud pública y sustentados en el sentido común. Es incomprensible que una comunidad religiosa se ponga a dar recomendaciones médicas a un ministerio, pero es más absurdo todavía que los medios de comunicación lo reporten sin escuchar a otras religiones, ¿qué piensan judíos y hare krishnas de la eutanasia?, y mucho menos a ateos y agnósticos, que somos igualmente ciudadanos colombianos y queremos plenos derechos en el servicio de salud.

Sobre qué es “vivir dignamente” se puede discutir en abstracto hasta el infinito. Al final los matices de lo que es esa dignidad dependen de decisiones de cada individuo; una religión, por mayoritaria que sea, no puede imponer sus valores sobre los demás. Irónicamente, para entender qué es “vivir dignamente” para otra persona, basta la emoción –tan católica– de la piedad. Eso es todo lo que se necesita para atender el pedido de un ser querido que no tiene esperanzas y no quiere sufrir más.

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