Compartir no es un delito

Columna publicada el 27 de junio de 2015 en El Heraldo.

Hace casi un año, Diego Gómez, biólogo de la Universidad del Quindío, quien actualmente estudia en Costa Rica una maestría en conservación y manejo de vida silvestre, publicó, en un grupo de Facebook, un link con la tesis de maestría del investigador Andrés Acosta, biólogo de la Javeriana, magíster de la Universidad Nacional. Aunque la tesis era de libre consulta en la biblioteca de la universidad, y aunque ya el documento circulaba por internet, Acosta denunció por “violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos” (que se castiga con una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, más que por violación, contrabando o trata de personas) y la Fiscalía individualizó la denuncia en Gómez.

Aunque Gómez no se lucró en ningún momento por compartir la tesis, la ley colombiana está del lado de Acosta. El artículo 271 del Código Penal considera una violación a los derechos patrimoniales de autor reproducir, distribuir, suministrar y ofrecer una obra sin el permiso del autor o titular de derechos. Las normas de derecho de autor no contemplan una excepción para la divulgación académica o científica sin ánimo de lucro. Estas restricciones representan un grandísimo obstáculo para el avance de la ciencia y el conocimiento, más aún en un país que tiene a ambas de últimas en las lista de sus prioridades de inversión. El uso de internet para la divulgación de conocimiento y la discusión académica es una manera fácil, barata y efectiva para que investigadores y sociedad civil hagan avances culturales, académicos y científicos, y para que todo el país sea más competitivo.

El caso de Gómez se convirtió en un paradigma internacional sobre lo absurdas y restrictivas que pueden llegar a ser las leyes de derechos de autor. Recientemente, la Electronic Frontier Foundation publicó el Informe Especial 401, en el que se analiza el caso a la luz de la presión que ejerce el Informe Especial 301 (de la Oficina de Comercio del Gobierno de EEUU), mostrando que las restricciones en derechos de autor no tienen por objeto proteger a los autores, sino responder al tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, que exige endurecer las leyes de derechos de autor y reforzar los sistemas legales a favor de los titulares .

Aunque la inocencia de Gómez es evidente lleva un año siendo procesado. Eso implica grandes gastos de recursos y una fuerte presión psicológica a tiempo indeterminado (pues el proceso puede durar años). La audiencia tendrá lugar el 30 de junio en Bogotá, a donde Gómez regresa desde Costa Rica. Mientras Gómez se juega su carrera como científico, Colombia tendrá que definir su postura frente a estas leyes arcaicas (de más de 20 años) de derechos de autor que siguen vigentes, y que entorpecen el avance del conocimiento. ¿Qué es más importante para el progreso de un país: la producción e innovación científica o el Tratado de Libre Comercio?

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