Indicadores de éxito

Columna publicada el 15 de julio de 2015 en El Espectador.

GORRAS CON LA ESTRELLA SOCIA-lista, biografías del Che y el uso del adjetivo “camilista” son las pruebas que tiene la Fiscalía para acusar a los 13 defensores de derechos humanos y estudiantes detenidos la semana pasada en un espectacular despliegue de cámaras y helicópteros, como ideado por Jerry Bruckheimer.

La policía les dijo a los medios que los detenidos eran los responsables de los petardos en las oficinas de Porvenir; los medios los llamaron terroristas; La FM buscó las fotos de Facebook —incluidas fotos vacacionales de la defensora de derechos sexuales y reproductivos Paola Salgado para mostrarnos a “la terrorista en bikini”—; y el presidente Juan Manuel Santos anunció por Twitter “Capturadas 11 personas del Eln, responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol – ¡Pagarán por atentados!”.

Pero resulta que en la audiencia la Fiscalía negó que estas detenciones tuvieran que ver con los petardos. La mayoría de los cargos son por un tropel que hubo en la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2014. A tres de los detenidos les han imputado los cargos de “terrorismo y rebelión”. La prueba reina es un comunicado público por parte de uno de los grupos estudiantiles, Llamarada, que protagonizó la protesta del 20 de mayo. El comunicado no hace un reconocimiento expreso de nada, se limita a hacer un recuento de los hechos y va firmado como “Unión Camilista”, lo cual, para la Fiscalía, representa “un vínculo innegable con el Eln”. A otros de los detenidos los acusan de “tenencia, porte y fabricación de explosivos” (al parecer, papas bomba) y por manifestación exprofeso de la Fiscalía se sospecha que se les va a imputar a todos el delito de concierto para delinquir. Si lo hacen, estarían equiparando a una organización estudiantil con una “empresa criminal que se constituye y se forma para cometer delitos de manera indiscriminada” y eso es ni más ni menos que criminalización de la protesta social. Los detenidos enfrentan, en promedio, 20 años de cárcel. Los estudiantes de la Nacional siempre han protestado de esta manera, ¿por qué ahora enfrentan cargos por rebelión y terrorismo? ¿Por qué no han presentado pruebas contundentes de estas acusaciones? ¿Por qué no pregunta la Fiscalía por la razón de la protesta?

Como si fuera poco, el general Palomino, ¡director de la Policía!, ha dicho que el hecho de que los detenidos tengan abogados constituye un indicio de su culpabilidad. Ya Naciones Unidas ha dicho que no se pueden transferir las acusaciones de los abogados a sus defendidos, ni viceversa, y una declaración así atenta contra el ejercicio de la abogacía y la presunción de inocencia. Las declaraciones falsas de la policía y el despliegue mediático crean un clima de presión pública sobre los jueces que, al igual que la fuerza pública, se ven obligados a buscar un chivo expiatorio para mostrar resultados.

La Fiscalía, la policía, y hasta el presidente están estigmatizando a los defensores de derechos humanos, a los jóvenes, violando los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la protesta, a la libre asociación, a la libertad de expresión… La lista continúa. Están confundiendo la procuración de justicia con la vocación represora; están enviando un mensaje de miedo, persecución y autocensura, criminalizando ideas y simpatías. Esa “paz” que nos tiene tan peleados, es inviable si en el país no se ofrecen garantías a los estudiantes para la disidencia, y si el Estado no puede asegurar que todas las voces, en su pluralidad, sean escuchadas. Cuando se reprimen la libertad de expresión y la participación política, la protesta pasa de la queja pública a la violencia, lo vimos con las guerrillas. Y como aprendimos de la manera más lamentable con los falsos positivos, las cifras de capturados y muertos no son un indicador de éxito.

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