El tatequieto

Columna publicada el 22 de julio de 2015 en El Espectador.

El procurador Ordóñez nos ha dicho muchas mentiras graves. Por ejemplo, dijo que no se podían suspender las aspersiones de glifosato porque no estaba probado que le hiciera daño a nadie, negando a todas las mujeres que han sido afectadas en su fertilidad (parece que Ordóñez no tiene remilgos con los abortos, siempre y cuando las mujeres no puedan decidir).

La Procuraduría también dijo que la anticoncepción de emergencia es abortiva, cuando su mismo nombre indica lo contrario, y hasta tuvo un rato frenada la inclusión del misoprostol al POS diciendo que no está aprobado por la OMS. Las mentiras de la Procuraduría impiden que tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos.

Soy una de las 1.280 mujeres que pusimos una tutela para exigir que el procurador Ordóñez y dos de sus procuradoras delegadas dejaran de decir mentiras en medios de comunicación sobre nuestros derecho sexuales y reproductivos. La Corte Constitucional falló a nuestro favor y reiteró que los derechos reproductivos son derechos fundamentales, que la información emitida por funcionarios públicos a la ciudadanía debe ser veraz e imparcial, y le dijo al procurador que sus mentiras amenazan o violan efectivamente nuestros derechos y autonomía reproductiva.

Hoy Ordóñez busca la nulidad de esta sentencia y de la T-841/11, en la que la Corte ordena indemnizar a una niña pobre de 12 años a quien no le practicaron un aborto en la EPS. En esta tutela, la Corte también ordena proteger la identidad de las mujeres que piden servicios de IVE. Para cuando el caso llegó a ser seleccionado por la Corte, la niña ya había dado a luz, por eso la indemnización incluye reparación por el daño al proyecto de vida de la menor y le ordena a la EPS prestar todo los servicios médicos y psicológicos a ella y a su hijo o hija. La nulidad de la sentencia dejaría a la niña sin la indemnización y legitimaría que las EPS sigan incumpliendo su obligación de prestar el servicio de aborto cuando está dentro de las causales legales. Por su parte, la nulidad de la T-627/12 nos dejaría sin recursos para exigirles a los funcionarios públicos que no nos mientan.

El procurador ha pedido nulidades en tres ocasiones anteriores (T-388/09, T-946/08 y T-585/10, todas relativas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), pero la Corte las ha negado. Sin embargo, esta vez la carta maestra del procurador era el último aliento de su amigo, el magistrado y villano de fábula, Alberto Rojas Ríos. Afortunadamente, varias mujeres que interpusieron la T-627/12 pidieron el impedimento de Rojas, dado que al magistrado se le fue la lengua en una entrevista y le dijo a El Tiempo, en agosto de 2014, que en estas sentencias no “queda demostrado el perjuicio que supuestamente se les causó a las demandantes”.

Gracias a las mujeres que firmaron la tutela y volvieron a salir en defensa de nuestros derechos, Rojas resultó impedido y ahora tiene la ponencia la magistrada Miriam Ávila, reemplazo temporal del magistrado Vargas. Este es un gran ejemplo de cómo la veeduría ciudadana en defensa de nuestros derechos sí funciona. Hoy, todas esperamos que la ponencia de Ávila no acepte las nulidades, con el alivio de que ya no están en manos de un magistrado cuyo sentido de justicia está comprometido con favores. Sin duda, la mayor importancia de la sentencia T-627/12 es que ha sido la única vez en que un grupo de ciudadanos ha podido ponerle un tatequieto al abuso del poder del procurador. Esperamos que la Corte lo mantenga.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s