Rajados en libertad de prensa

Columna publicada el 23 de diciembre de 2015 en El Espectador.

Muchos dicen que la situación de la libertad de expresión en Colombia, y especialmente la libertad de prensa, ha mejorado en los últimos años.

Sin duda ya el narco no le pone bombas a El Espectador, ni andan degollando periodistas en la capital. Esos ataques espectaculares son cosa del pasado. Ahora las amenazas son tácitas, los periodistas sabemos qué se puede decir y qué no sin que nadie nos de instrucciones, y basta el sonido de una moto rondando la casa para entrar en pánico o la posibilidad de una denuncia por injuria y calumnia —que quizá ganes aunque el proceso legal te lleve a la quiebra— para que “escojamos” callarnos. La violencia en Colombia se ha sofisticado; en eso siempre estamos a la vanguardia.

Los casos más reciente son los de los equipos de las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales, chuzadas por la Policía Nacional, y lo peor es que el motivo parece ser una retaliación por sus denuncias de corrupción en la Policía. Si el motivo se confirma, el mensaje que se envía a todos los periodistas de Colombia es que no podemos llamar a cuentas a la fuerza pública, y eso es precisamente nuestro trabajo. Se habla de más periodistas chuzados; algunos, como Dávila y Morales, tienen la visibilidad suficiente para que nos enteremos de sus denuncias, pero esto no ocurre con la mayoría de los periodistas del territorio nacional. Hay lugares de Colombia en donde las emisoras solo pueden poner música.

Recientemente se publicó la segunda versión del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (ILEAI), una investigación realizada por el Proyecto Antonio Nariño que busca ser un instrumento para identificar, en cada departamento del país, qué situaciones representan amenazas para los derechos a informar y ser informados. El ILEAI mide cuatro indicadores: el acceso a la información, que evalúa la posibilidad del ciudadano a acceder a la información que está en poder de entidades públicas, y la cantidad de medios a los cuales tiene acceso para informarse; el ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa, que califica el contexto político, económico, legal y profesional del periodista —recordemos que un o una periodista mal pagado que trabaja con las uñas difícilmente podrá informarnos bien—; las agresiones directas a los periodistas, ataques violentos, amenazas, violencia sexual, motivados por razones de oficio; y finalmente el nivel de impunidad ante estos crímenes.

El departamento mejor calificado fue San Andrés y Providencia, en donde pasa muy poco y hay muy poca población —y por eso es la región del país con más medios disponibles por habitante—. El peor fue el Valle del Cauca, con 23 agresiones directas a periodistas que permanecen impunes. Sólo en siete de los 280 delitos contra periodistas (182 amenazas, 57 lesiones personales, 39 homicidios y dos secuestros) cometidos desde el 2005 al 2014, ha habido condenas, mientras 232 no superan la etapa de indagación. Nueve periodistas en Colombia afirman conocer casos de violencia sexual contra colegas en sus departamentos en el 2014. El departamento con más periodistas amenazados en los tres últimos años es Antioquia con 31 casos, seguido de Bogotá con 22 y Valle del Cauca con 11, y los departamentos donde se presenta mayor acoso judicial contra periodistas son Tolima, Córdoba y Bogotá, con 22, 18 y 13 denuncias respectivas por injuria y calumnia. El 20% de los periodistas encuestados afirman haber sido vigilados ilegalmente por el Estado, el 63% conocen casos de colegas en su departamento que modifican su posición editorial a cambio de pauta, el 73% tiene un salario menor a 2’900.000 pesos, el 57% dice conocer casos en donde el Gobierno departamental o municipal ejerció presión sobre los medios a través de la pauta oficial. Además, 21 (¡21!) departamentos del país no tienen registro de la información que se produce en las entidades públicas ni ningún tipo de planeación de gestión documental. Finalmente, el 90% de los departamentos tienen todo publicado en inmanejables PDF. ¿Que la situación de la libertad de expresión en Colombia ha mejorado? Las cifras hablan solas.

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