Derechos reproductivos: avances y retrocesos

Columna publicada el 26 de diciembre de 2015 en El Heraldo

Aunque en el 2012 el Ministerio de salud dijo que era obligatorio aplicar el Protocolo de atención en salud para víctimas de violencia sexual, dos años después, el artículo 23 de la ley 1719, dijo que el protocolo era opcional. Esto es gravísimo pues durante los dos años en que el protocolo fue obligatorio y según cifras de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Salud 52000 mujeres y niñas fueron a Medicina legal como víctimas de violencia sexual y el 40% no recibo ningún tipo de apoyo específico para su situación en el sistema de salud, y las que sí, recibieron atención inadecuada e indigna, y eso siendo obligatorio el protocolo, ¡imagínense si es opcional!

Por eso, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Women’s Link, DeJusticia, Humanas, La Casa de la Mujer, y la Mesa por la Vida y salud de las Mujeres, interpusieron una demanda y ganaron. Ahora, será obligatorio para las EPS practicar un aborto legal cuando una mujer víctima de violencia sexual lo pida, y además practicar exámenes y ofrecer medicamentos para tratar y detectar enfermedades de transmisión sexual, brindar anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado y apoyo en salud mental.

Esto es especialmente importante durante un proceso de paz pues los índices de violencia sexual durante el conflicto interno son abrumadores y no podemos reconstruir el tejido social colombiano sin tomar acciones justas y efectivas para tratar y manejar la violencia contra las mujeres. Una nueva victoria en materia de derechos sexuales y reproductivos trajo este fallo de la Corte Constitucional que reitera que el aborto en Colombia es un derecho en casos de violación, malformaciones incompatibles con la vida y cuando está en juego la salud física o mental de la mujer.

Pero no todo son buenas noticias. El 20 de diciembre una mujer de 21 años resultó investigada en Armenia por inducirse un aborto. La joven llegó al hospital con cinco meses de gestación, fuertes cólicos y al parecer en medio de un aborto inducido y los médicos la sapearon. En Moniquirá algo parecido pasó con una mujer de 24 años, y en la prensa hay noticia de otros dos casos. Parece que hay una tendencia entre médicos de violar el secreto profesional para denunciar mujeres ante las autoridades, y esto es grave, no solo por el inmenso problema ético y profesional que implica, sino también porque significa que las mujeres no pueden confiar en los médicos, y así cuando tengan complicaciones, van a preferir morirse antes que ir a un hospital.

Lo peor es que la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que un fiscal no puede abrir un caso con base en una violación del secreto profesional. Esto muestra, una vez más, en la Fiscalía no tienen ni idea de la legislación sobre aborto en Colombia. Y a propósito, tras el oso por la investigación a Carolina Sabino por causa de un aborto legal, el Fiscal prometió que sacaría una directiva para enterar a su equipo sobre que procede y qué no en materia de abortos y ojalá para aclararles que su labor no es la cacería de brujas. Sin embargo, el fiscal salió a vacaciones y no se supo nada de la directriz, y claramente los fiscales que se quedaron trabajando siguen empeñados en revictimizar a las mujeres.

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