Comimos de un huevo y la yema sobró

Columna publicada el 9 de enero de 2016 en El Heraldo

Un psicópata salpicó un fajo de dinero con un fuerte veneno y lo donó a un orfanato. Murieron doce diputados, doce alcaldes y un ministro. Ningún niño fue dañado”. El chiste parece hacerse realidad con el reciente escándalo por corrupción que enfrenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En los primeros días del año se han realizado capturas a 12 personas en Barranquilla (una de ellas la exdirectora de la entidad del ICBF en el Departamento, Yolanda Ruiz) y cinco en La Guajira, entre ellos, Solimar Rodríguez Effer, representante legal de la Fundación Mejor Vivir. Estas capturas se suman a 14 que hubo el año pasado en el mismo departamento. Al parecer, el fraude cometido en La Guajira asciende a los 2.217.066.931 millones de pesos y en el Atlántico se estima que el desfalco alcanzó los 600 millones.

El fraude incluye falsificación de contratos, irregularidades en el control del peso y la talla de los niños, sobrecostos de 30% en alimentación y 40% en útiles para los menores, alteración de firmas, y un robo de hasta el 75% del presupuesto. Como lo pone Cristina Plazas, directora del ICBF, se daba dinero para cuatro huevos, se compraba uno y se repartía entre cuatro niños. La directora también aseguró que vienen más capturas y que la “mafia de corrupción” que padece la entidad es “peor que el narcotráfico”.

En julio de 2014, Matilde López, líder indígena en Riohacha, denunció que ni el ICBF, la Contraloría General y el programa de Alimentación (PAE) habían explicado satisfactoriamente cómo fue que “se desapareció” la plata del Plan de Alimentación y Nutrición de La Guajira (que dejó, entre otras cosas,  pudrir en bodegas casi el 90% de la comida que debía ser distribuida). Hoy, por fin empezamos a tener una idea de qué fue lo que pasó con toda esa plata, aunque en el fondo siempre supimos la respuesta obvia: que la plata se la robaron.

Ni siquiera vale la pena detenerse en la inmoralidad y falta de ética que representa robarle a los niños su comida. Es claro que los niños solo importan cuando representan un capital político o cuando se convierten en un argumento populista para conseguir votos, y en ese contexto, los reclamos morales no valen la pena y lo único medianamente efectivo son las sanciones penales. Sin embargo, las capturas que se han hecho no tocan a los verdaderos beneficiarios del desfalco, políticos y empresarios con tanto poder regional que nada pasa, y mucho menos esto, sin su beneplácito, y que por ahora ni siquiera se trasnochan, amparados por la tranquilidad de las sombras.

Ya se han mencionado en esta columna las palabras del Nobel de Economía Amaryta Sen, cuando dijo en 1981, que las hambrunas no son un problema de escasez de comida sino de acceso a derechos. El acceso a los derechos no es solo que un funcionario del Estado venga a darles comida a los niños, se trata de que esos niños, sus padres, y su comunidad tengan acceso a la información sobre sus derechos y los conductos regulares y eficaces para exigirlos. Basta ver las poblaciones más afectadas por este robo para entender las palabras de Sen. Es por esta dramática falta de acceso a los derechos y a la educación que robar los fondos de una política social para la alimentación de la infancia colombiana (que cuenta a la desnutrición entre sus principales causas de mortalidad) es, literalmente, tan fácil como robarle un dulce a un niño.

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