El ofensor y el pueblo

Columna publicada el 27 de enero de 2016 en El Espectador.

¿Se acuerdan de una comedia de los 90 llamada “Vuelo secreto”?

El argumento era que una pareja casada trabajaba en la misma agencia de viajes, pero su relación era secreta debido a las estrictas leyes para evitar el acoso en la oficina. El chiste estaba en que el jefe era un reconocido acosador que descartaba estas normas por ser “políticamente correctas”. En 1992 esto era divertido, pero hoy en día un argumento así sería impensable. Aunque todos sabemos que el acoso sexual es pan de cada día de las oficinas colombianas (a las pasantes las llaman abiertamente “carne fresca” y las mujeres que no sonríen ante los miamoreos de sus jefes o compañeros de trabajo son rechazadas por “amargadas”), el revuelo que causaron las denuncias de la abogada Astrid Cristancho contra el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, por acoso sexual, no tiene precedentes. Algo ha cambiado en la sociedad colombiana, y me atrevo a decir que es gracias al trabajo de los grupos feministas, de mujeres y de derechos humanos, que desde los años 80 están trabajando para que en Colombia haya un mayor respeto a los derechos de las mujeres.

Cristancho denunció valientemente a Otálora aún cuando recibió una amenaza escrita en la que le decían que si hablaba sería objeto de desprestigio y ostracismo profesional. Esta es precisamente la amenaza tácita que pende sobre todas las víctimas de acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, la denuncia de Cristancho sienta un precedente para las muchas empleadas que enfrentan una situación similar. Sí, aún revictimizamos a las mujeres que denuncian (y varios medios —entre ellos, ElEspectador.com——— decidieron llamarla “exreina”, como si eso fuera más importante que su grado y trabajo como abogada). También es probable que el ofensor se quede en su cargo, su renuncia —al menos mientras escribo esta columna— se ve bastante embolatada. ¿Acaso algún servidor público renuncia en este país? Aún así, el clamor colectivo por la renuncia del ofensor nos habla de una Colombia diferente. Es importante reconocer que hace unos años un caso como este ni siquiera habría sido tema para la opinión pública, y en cambio hoy estamos discutiendo cómo el machismo entorpece el acceso a los derechos humanos.

Sin duda, la situación de derechos humanos en el país es terrible, especialmente para las mujeres colombianas. Por un lado, la entidad que debe proteger nuestros derechos humanos, la Procuraduría, es reconocida internacionalmente por su persecución a los derechos sexuales y reproductivos; el fiscal aún no se entera de qué es un conflicto de interés; y la cereza en el pastel: quien tendría que ser el mayor defensor de derechos humanos en Colombia es un vulgar acosador sexual y laboral; ¿y nuestros derechos qué? Esa es las pregunta que tenemos que hacernos todos los y las colombianas. A pesar de todo, este caso muestra que en Colombia hay un robusto movimiento por los derechos de las mujeres y que muchos defensores de derechos humanos tienen la capacidad de organizarse para hacer presión social en torno a un tema. En estas redes hay mucho más poder del esperado: si estamos juntos, podemos convertir estas vulnerabilidades estructurales en fortalezas. La discusión que estamos teniendo hoy sienta un precedente para que mañana las víctimas de acoso no tengan que lidiar con un sistema que las culpa, las marca y las ataca. Esta es una oportunidad para construir ciudadanía, para que los y las colombianas aprendamos la importancia de hacer veeduría a nuestros servidores públicos. Nuestros derechos tenemos que defenderlos entre todos.

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