Protocolo para el procurador

Columna publicada el 11 de febrero de 2016 en El Espectador.

Uno de los logros más importantes en materia de derechos de las mujeres el año pasado fue la sentencia C-754 que obliga a los prestadores de salud a aplicar el Protocolo de atención en salud para víctimas de violencia sexual. Aunque en el 2012 el Ministerio de Salud dijo que era obligatorio aplicarlo, dos años después el artículo 23 de la ley 1719 dijo que era opcional. Esto es grave pues, según cifras de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Salud, durante los dos años en que el Protocolo fue obligatorio se registraron 52.000 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y el 40% no recibió ningún tipo de apoyo específico para su situación en el sistema de salud. Gracias a la sentencia es obligatorio para las EPS practicar un aborto legal cuando una mujer víctima de violencia sexual lo pida, y además practicar exámenes y ofrecer medicamentos para tratar y detectar enfermedades de transmisión sexual, brindar anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado y apoyo en salud mental.

Como no puede haber en Colombia avance alguno en derechos para las mujeres que el procurador no persiga, Ordóñez acaba de presentar una nulidad para la sentencia, ¡adivinen por qué! Porque el Protocolo le ayuda a las víctimas de violencia sexual su ya reconfirmado derecho a una interrupción legal y oportuna del embarazo. Antes Ordóñez cantaba otra tonada: en el Boletín 002 del 3 de enero de 2013, en el que la Procuraduría presentó un balance en materia de seguimiento a los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, dice que “no todos los médicos cumplen con la obligación de reportar el evento de VS [Violencia Sexual] ni las EPS de denunciar; no existe claridad en las instituciones orientadoras, ni en los prestadores del servicio sobre la obligación de la atención de la VS como urgencia, sin importar si la persona está o no afiliada”. Además resalta que “la atención en salud mental es escasa y, en algunos casos, inexistente; no se puede concluir entonces que haya una real rehabilitación física y mental de las víctimas y sus familias” y llega a solicitar “elaborar a la mayor brevedad los protocolos de atención psicosocial”. En su momento el boletín debió servir para que la Procuraduría dijera que sí hacía algo por las mujeres, pero hoy Ordóñez se destapa y pide descaradamente la nulidad de lo que antes encontraba pertinente.

La nulidad no está exenta de una de esas villanías que caracterizan a nuestro procuradorcillo: argumenta que las entidades privadas no están obligadas a respetar la igualdad. Dice: “el Estado debe dar un tratamiento igualitario a todos los pacientes que han sufrido violencia sexual. Pero dicha conclusión, si bien es verdadera, en nada permite concluir que los particulares están vinculados a asumir las cargas estatales de igualdad y de acceso al sistema, ya que estos fungen como colaboradores, pero no como responsables de las garantías que aquel debe otorgar”. Es decir, que los privados están en libertad de discriminar según les plazca y que la igualdad, un derecho fundamental registrado en nuestra Constitución, sólo compete al Estado, mientras que los particulares se eximen de la Constitución. Una afirmación como esta es especialmente grave cuando se refiere a la prestación de servicios de salud y del acceso a los derechos de grupos vulnerables y discriminados, como las mujeres. No, señor Ordóñez: las garantías de los derechos no son opcionales.

Afortunadamente la sentencia sigue vigente y esperemos que la nulidad no progrese, primero porque el Protocolo es necesario y urgente en un país en donde una mujer es víctima de violencia sexual cada media hora (¡cada media hora!); segundo, porque su argumentación, de ser aceptada, pone en peligro el acceso a los derechos, especialmente el de la salud, para todos y todas; y tercero, porque no podemos contemplar un proceso exitoso de posconflicto si las mujeres no tenemos garantizado el acceso a nuestros derechos de salud, sexuales y reproductivos. Uno de los territorios de la guerra colombiana ha sido los cuerpos de las mujeres, el Protocolo obligatorio es lo mínimo, apenas un primer paso para repararlas y repararnos.

 

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