Irresponsabilidad Social Empresarial

Columna publicada el 20 de febrero de 2016 en El Heraldo.

Maltratar a una mujer siempre es un asunto público. Primero, porque es un delito, y segundo, porque es un problema de salud pública que nos afecta a todos. En los últimos años, Medicina Legal ha subregistrado entre 43.000 y 49.000 casos de violencia doméstica y el 85% de las víctimas son mujeres (el restante 15% están conformado en su mayoría por ancianos y niños). La violencia doméstica contra la mujeres tiene la particularidad de que vivimos en una sociedad en donde la violencia de género está naturalizada. A los hombres los educan para “disciplinar” a sus mujeres con el puño, y a las mujeres para “tener paciencia y tolerancia”, y así ha sido por generaciones. Cada comportamiento o comentario machista que hacemos refuerza la idea de que las mujeres son menos que personas, objetos, menores de edad, y que sus vidas y cuerpos pueden pertenecer a alguien. Este problema estructural, social, y cultural, del que somos responsables todos como sociedad, es el origen de la violencia contra las mujeres. Por eso, los casos de violencia contra las mujeres nunca son casos aislados, responden a un sistema en el que todos participamos.

Por eso es tan importante el mensaje que manda la junta directiva de Fenalco con el manejo de las acusaciones a Carlos Jiménez, hasta hace poco director ejecutivo de Fenalco Atlántico, por maltrato doméstico. La denuncia formal contra Jiménez fue interpuesta por uno de los hijos de su esposa, Ivette Borrero, al ver que el maquillaje no le bastaba a su madre para tapar los moretones en la cena navideña. La junta directiva de Fenalco solo se pronunció al respecto después de que se hizo un escándalo en la prensa. En su comunicado, dicen haber hablado con Jiménez, que obviamente negó los hechos, y contentos con solo una versión de la historia la aceptaron, junto con las sucesivas incapacidades médicas que hasta ahora tienen frenado el proceso interno. Solo cuando empezaron a recibir cartas cuestionando la reputación de la institución pasaron a suspender a Jiménez, que, como explicó el presidente de la junta directiva, Rafael Madero García, ahora es un “asesor”, cuya vinculación laboral y salario se mantienen. El mensaje que se envía es que “si te acusan de pegarle a tu esposa, tranquilo, que en la empresa se hacen los de las gafas tu sacas unas vacaciones pagas”.

Fenalco no tiene obligación legal de despedir a Jiménez hasta que una investigación lo haya encontrado culpable, y nadie puede afirmar que es un maltratador hasta que pase el debido proceso. Lo que sí podemos decir es que la explicación de Jiménez como que no cuadra: “Ella solía tomarse algunos tragos, pero como cosas normales. Entiendo que un día se cayó varias veces aquí en la casa con unos tacones altos que ella usaba, pero de eso no sé, ella se ha caído muchas veces”, dijo al periódico Al Día el 23 de enero. Una respuesta así solo puede recibirse con natural suspicacia. Mientras tanto, las denuncias en contra de Jiménez cuentan con todos los elementos clásicos de un cuadro de maltrato doméstico (hasta el detalle de que en Navidad los casos se agravan y disparan). Como ciudadanos y ciudadanas podemos reclamarle a Fenalco un compromiso ético con las mujeres; una empresa tan grande y poderosa no puede desentenderse de un problema de salud pública tan grave como la violencia de género.

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