Cuerpos de batalla

Columna publicada el 25 de febrero de 2016 en El Espectador.

Judicializar por abortos forzados a los miembros del bloque José María Córdoba de las Farc, pide la ONG Women’s Link a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Medellín.  La Fiscalía acusó a los guerrilleros de forzar mujeres de sus filas a abortar, y Women’s Link argumenta que, según el derecho internacional, estos crímenes no se pueden amnistiar y los acusados deben ser juzgados por cometer un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos.

Defender el derecho al aborto se trata de defender el derecho de todas las mujeres a decidir de manera autónoma qué hacer con su cuerpo y con su vida, y exigir que tengan las garantías para ejercer esas decisiones. En esta medida, prohibir el aborto es grave porque obliga a las mujeres a un embarazo que no quieren o que no pueden tener. De la misma manera, es grave forzar a una mujer a abortar, pues se vulnera su agencia y su autonomía, y ni hablar de la violencia directa sobre su cuerpo. Según datos de la campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra”, en el marco del conflicto armado colombiano, entre el año 2001 y 2009, más de 27.000 mujeres fueron víctimas de abortos forzados, entre ellas combatientes y civiles.

Quizá para algunos, el reclamo de justicia para las guerrilleras es paradójico: implica que una victimaria puede a la vez ser víctima, y no falta el que diga que se lo buscaron por meterse a la guerrilla. Pero de entrada es importante cuestionar una estructura perversa de sometimiento que es previa a su “decisión” de entrar a la guerrilla, recordemos que la mayoría de los soldados rasos, hombres y mujeres, de todos los bandos, en la guerra colombiana, son producto de malas elecciones en pésimas circunstancias. Y de todos modos, los derechos sexuales y reproductivos de una persona no se acaban cuando se comete un delito, así no funciona la justicia. Ingresar a un grupo armado no es autorización para que me violen o decidan por mí si quiero ser madre o no. Además, al interior y fuera de las filas de todos los grupos y fuerzas armadas la violencia sexual (contra hombres y mujeres) es el pan de cada día. Recordemos la queja que la fundación Sisma Mujer presentó ante la Corte Penal Internacional en 2014, donde denuncian que en los últimos 12 años el 84% de las víctimas de violencia sexual han sido mujeres y que en el 50% de los casos se identificaron a las fuerzas armadas como agresores.

Mientras tanto, en Guatemala el primero de febrero comenzó el juicio contra el exsubteniente Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez, por presunto asesinato, desaparición y esclavitud sexual de al menos 15 mujeres indígenas durante el conflicto armado en Guatemala. Según los testimonios de las mujeres Q’eqchí violentadas en la base Sepur Zarco, las torturas iban desde la esclavitud doméstica hasta los abortos forzados. El juicio es emblemático porque, por primera vez —a diferencia de las violaciones de mujeres en Ruanda o Yugoslavia— estos delitos de lesa humanidad se están juzgando en una corte nacional; porque sentaría un precedente sobre la esclavitud sexual y doméstica como crímenes de guerra, una figura aplicable en varios países latinoamericanos; y porque busca construir un estándar probatorio a partir de los testimonios de las víctimas ya que en un caso como este, en el que los hechos ocurrieron hace más de 30 años, muchas pruebas físicas ni siquiera son posibles.

Estos juicios en paralelo hablan de la violencia sexual y reproductiva en medio del conflicto como un crimen de guerra, la pregunta es si los precedentes jurídicos podrán cambiar realmente la situación de las mujeres en el posconflicto al proveerles justicia. Reconocer los crímenes es un primer paso, pero muy pequeño, si se reconoce la violencia pero se mantiene la impunidad.

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