El derecho al aborto y la construcción de ciudadanía

Artículo publicado en el Especial del periódico El Espectador en conmemoración de los 10 años del derecho al aborto en Colombia.

Hace diez años comenzó una conversación a nivel nacional sobre los derechos que tienen las colombianas sobre sus cuerpos, una conversación que ha construido una ciudadanía crítica, que exige y defiende sus derechos.

Antes de 2006, Colombia tenía uno de los marcos legales más restrictivos del mundo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, una prohibición total. Las mujeres seguían muriendo por abortos inseguros y el debate no estaba en la agenda de los medios de comunicación. La despenalización del aborto en Colombia era algo que las feministas venían discutiendo desde hacía años: La mesa por la vida y salud de las mujeres se formó a mediados de los noventa para crear estrategias de despenalización, que en un comienzo, estuvieron orientadas a crear nuevas leyes, o cambiarlas, desde el Congreso. Pero, un tema tan impopular como la despenalización del aborto difícilmente sería bandera de nuestros congresistas.

El proyecto Laicia:  Litigio de Alto Impacto en Colombia, partió de ese trabajo que durante años había estado haciendo el movimiento de mujeres, y juntó a médicos, abogados y periodistas, alrededor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa, que, desde la organización Women’s Link Worldwide, demandó la despenalización del aborto por ser inconstitucional. La tutela llegó a la Corte, acompañada de una estrategia de comunicaciones que elevó enormemente el debate en los medios: las fuentes dejaron de ser, únicamente “feministas versus sacerdotes”, se incluyó una perspectiva legal, médica y técnica, y se empezó a hablar del aborto como una necesidad para resolver un problema de salud pública: las colombianas se estaban muriendo cruelmente por abortos clandestinos (además de otros problemas relacionados como embarazos riesgosos o niños y niñas abandonadas). El caso de Martha Sulay González, una mujer con hijas que mantener, enferma de cáncer, y que no pudo abortar para salvar su vida, le dió otra cara a las mujeres que necesitaban interrumpir su embarazo. Gracias a ella, Colombia, o al menos una parte del país, pudo entender que la despenalización total acaba con muchas más vidas que las que pretende salvar. Martha Sulay alcanzó a vivir para ver el aborto despenalizado, murió un año después, en 2007, dejando cuatro hijas, y un ejemplo de valentía y fortaleza para todo el país.

En mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró, en la Sentencia C-355, que el aborto en Colombia era un derecho en las tres consabidas causales: malformaciones del feto incompatibles con la vida, violencia sexual, y cuando está en peligro la vida o la salud de  la mujer. Colombia pasó de ser uno de los países más restrictivos del mundo con respecto a este derecho a ser un líder en la vanguardia progresista de la región. La sentencia se convirtió en un hito porque fue el comienzo un movimiento de despenalización por causales en toda América Latina. También nos mostró, a la ciudadanía en Colombia, que había otra manera de defender nuestros derechos, desde los argumentos y sin el populismo de los políticos, desde el marco de la Constitución de 1991 y a través de la Corte Constitucional, una revolución orientada a la rama judicial y no a la legislativa. Esto tuvo un impacto importante en el movimiento de derechos humanos en Colombia, y desde entonces, y por la misma vía, hemos logrado garantizar otros derechos, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario.

Del dicho al hecho

Por supuesto, no bastaba con una sentencia constitucional. El aborto en Colombia aún tiene serios problemas de implementación y todavía hay un gran desconocimiento de la Sentencia, especialmente en las regiones. En muchas facultades de medicina no se enseñaba y no se enseña cómo hacer el procedimiento haciendo uso de avances científicos como el Ameu (Aspiración Manual Endouterina), o usando pastillas en los primeros meses; el misoprostol y la mifepristona ni siquiera estaban incluidas en el POS. El derecho llegó al papel en el 2006, desde entonces, el trabajo ha sido por lograr su implementación.

El 2008, llegó, además con uno de los mayores obstáculos para la implementación de este derecho en Colombia: Alejandro Ordóñez asumió el cargo de Procurador y comenzó una cruzada religiosa, que usaba el poder del Estado para perseguir a las mujeres, a los y las médicas, a los y las juezas y defensoras de derechos humanos y a todas las instancias involucradas con la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Paradójicamente, la juiciosa y constante cruzada del procurador ha fortalecido el movimiento de derechos humanos y sofisticado los argumentos y las estrategias. Por ejemplo, en 2012 la Corte Constitucional emitió otra Sentencia revolucionaria, la T-627, en respuesta a una tutela interpuesta por más de 1800 mujeres, para defender nuestro derecho a la información completa y oportuna sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. La sentencia ordenó que el Procurador y otros servidores públicos a su cargo, corrigieran la información errónea que habían difundido a través de los medios de comunicación, especialmente sobre el derecho al aborto. La Sentencia conjugó el derecho al acceso a la información con los derechos sexuales y reproductivos y envió un mensaje a los servidores públicos: no se puede mentir usando la voz del Estado.

En 2015, otro posible traspié en el avance de este derecho se convirtió en victoria. La fiscalía criminalizó injustamente a la actriz Carolina Sabino por practicarse un aborto por causal salud mental. Esto evidenció que no había claridad sobre la aplicación de las causales, y se convirtió en una gran oportunidad para difundir la definición de salud que hace la sentencia, sustentada en la definición de la OMS, que entiende la salud como el bienestar físico, mental y psicosocial de una persona. Es indudable que cuando un embarazo no deseado se lleva a término se pone en peligro la salud física, y especialmente mental de la mujer, pues su relación con su entorno y consigo misma cambia, y se la obliga a cargar con un estigma que puede tener serias consecuencias, como la depresión (una enfermedad psiquiátrica que va más allá de “estar triste”).

En Colombia, desde 2006, se puede abortar de manera legal con una certificación que puede ser emitida por un médico o psicólogo, que afirme que la salud mental de la mujer está en riesgo. Gracias al sonado caso de la criminalización de Sabino, todo el país se enteró de la aplicación de esta causal. Y es más, el Fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, terminó por emitir una directriz que afirma, entre otras cosas, que los fiscales deben rechazar las denuncias que se hagan en violación del secreto profesional; que bajo ninguna circunstancia, los fiscales podrán revelar información que viole el derecho a la intimidad de la mujer, niña o adolescente que haya accedido a una IVE; que en los casos de la causal por violación debe partirse de la buena fe de denuncia; y que, en los casos de menores de 14 años dicha denuncia es una mera formalidad, pues se entiende que no estaban en edad para dar consentimiento informado para tener relaciones sexuales.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, también hizo dos anuncios importantes el año pasado: que se eliminarán restricciones para el acceso al Misoprostol y que se incluirá la Mifepristona en el POS, ambos medicamentos usados en la interrupción del embarazo. Estos avances son definitivos para una implementación exitosa del derecho al aborto en Colombia. El 2016 también llegó con una epidemia de zika, un virus que,  puede causar malformaciones como la microcefalia, entre otros trastornos del sistema nervioso, y que ha expandido el debate de la despenalización a toda la región.

“Un país nunca está listo para la revolución de los derechos. Hay que lucharlos y se ganan a pulso. No son por generación espontánea. No se debe pensar en si el país está listo, sino si hay gente lista para dar la pelea.” dijo Mónica Roa en una entrevista reciente publicada en El Espectador. Hoy, aunque la implementación de la ley ha avanzado mucho, las verdaderas garantías de acceso e implementación del derecho al aborto dependen de un cambio cultural. Hoy la discusión se centra en la aplicación de las causales y no en si el aborto es un derecho o no: es un derecho, y lo ha ratificado la Corte Constitucional ampliamente en sentencias posteriores a la C-355 (T-946/08, T-388/09, T-841/11, T-636/11, entre otras, y la más reciente: la C-754 de 2015 que dice por primera vez que afirma que el aborto es “un derecho fundamental de las mujeres, como un derecho reproductivo”).

Aún más importantes que las leyes, han sido las conversaciones que ha generado el debate sobre este derecho. Después de todo, el principal obstáculo para la implementación del aborto es que nuestra sociedad aún ve a las mujeres como máquinas generadoras de humanos, antes que como seres humanos. Al afirmar que las mujeres somos personas, ciudadanas, que debemos tener plenos derechos, pasamos a decir lo mismo de la comunidad LGBTI y de otras minorías, que, a pesar de la Constitución de 1991, seguíamos ninguneadas por el Estado. El debate sobre el aborto abrió la puerta a que discutieramos la importancia de las libertades individuales, y sobre todo, a entender que una democracia no es la imposición de la mayoría sino la defensa de los derechos de las minorías o de los grupos más vulnerables.

Hoy se cumplen diez años de un derecho que generó, y sigue construyendo, un verdadero cambio cultural en Colombia: el comienzo del fin de las ciudadanías de segunda categoría.

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