Hostigamiento judicial

Columna publicada el 18 de junio de 2016 en El Heraldo.

Hace un año este periódico publicó un comunicado de prensa de la Fiscalía en donde se daba noticia la apertura de indagatoria contra varios funcionarios judiciales, entre ellos dos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Atlántico, Jorge Cabrera y Julio Ojito Palma. A pesar de que este periódico registró las aclaraciones solicitadas por los magistrados, estos pusieron una tutela pidiendo una rectificación adicional. La tutela llegó al Juzgado Séptimo Penal del circuito, que es subordinado del Tribunal Superior, que declaró un incidente de desacato por parte de EL HERALDO, con orden de captura a su director, Marco Schwartz.

No es la primera vez. En 2009 el Juez 32 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la detención del columnista Mauricio Vargas, al no considerar satisfactoria una rectificación pedida por el magistrado José Alfredo Escobar Araújo. Escobar Araújo también le puso una tutela a Alejandro Santos, director de Semana, por no estar satisfecho con una rectificación que la revista hizo dos veces. El truco, entonces y ahora, es ilegítimo pues la Corte Constitucional ha dicho (T-626/07) que la rectificación en condiciones de equidad “no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación”. En otra ocasión, la Corte Suprema de Justicia (la sala penal) denunció por injuria y calumnia a María Jimena Duzán y Cecilia Orozco. Afortunadamente la Corte desistió de la querella “en aras de contribuir al clima de ponderación y mesura que tanto necesita el país” (y también porque su reclamo era absurdo ya que se refería a columnas de opinión).

La libertad de expresión tiene sus límites, y estos límites suelen estar definidos por los jueces. Si un juez interpone una tutela, esta no puede ser resuelta por su subalterno, es un evidente conflicto de interés. Los magistrados revisan las decisiones judiciales y, según el número de decisiones revocadas, los jueces a su cargo reciben una puntuación de la que depende su ascenso en la rama judicial. Por bienintencionado que sea, es imposible tener autonomía frente a alguien que tiene poder sobre ti. Pero esto es lo que ha sucedido con la tutela contra EL HERALDO, y, como resultado, se está usando el poder judicial para perseguir el derecho a la libertad de prensa. Lo peor del cuento es que el periódico solo estaba reproduciendo una información divulgada por la Fiscalía, de manera que un rifirrafe del poder judicial que se ha llevado entre las piernas al periódico. ¿Y dónde está el proceso disciplinario contra el asesor de prensa de la Fiscalía que sacó ese comunicado?

“La libertad de expresión es muy importante para la democracia y el derecho penal, que es el arma más fuerte del Estado. Es incompatible que divulgar información que aporta al debate público tenga por castigo la cárcel”, dice Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip. La tutela de los magistrados tiene que ser revisada por un Tribunal independiente. Es inaceptable que quienes deben impartir justicia usen su poder contra la libertad de prensa, enviando un mensaje a todos los periodistas y generando un efecto amendrentador. Quizás los jueces olvidan que son servidores públicos, servidores, es decir, que sus intereses personales no van primero que el bien común. En vez de jugar a la omnipotencia tendrían que aprender a ser tolerantes con la crítica ciudadana.

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