Pitos contra el acoso en Ciudad de México

Artículo publicado el 12 de julio de 2015 en El Espectador.

El Instituto de Mujeres implementó esta medida dado que más del 70% de las mujeres dicen haber sufrido acoso callejero. Grupos feministas arguyen que revictimiza a las mujeres y es un medio inútil.

La más reciente medida del gobierno de la Ciudad de México para combatir el grave problema de acoso callejero consiste en repartir 15.000 pitos, con la pretensión de que se conviertan en un disuasor para los acosadores. La medida fue anunciada hace un mes, junto con la campaña “Tu denuncia es tu mejor defensa” que a su vez pretende animar a las mujeres para que denuncien el acoso, y hace parte de la Estrategia 30-100 Contra la Violencia Hacia las Mujeres en el Transporte y los Espacios Públicos. La medida llega en respuesta a la gran manifestación en contra de la violencia de género que se llevó a cabo el 24 de abril de este año. La marcha tuvo lugar en 27 ciudades del país y en la capital salieron a las calles cerca de 60.000 personas. Fue el clímax de una conversación que comenzó este año sobre la grave situación de violencia que viven las mujeres en México y que se disparó cuando varios casos de acoso y violencia sexual saltaron de las redes sociales a los medios de comunicación. La periodista estadounidense Andrea Noel fue agredida por un hombre que le bajó los calzones mientras caminaba por la calle y, luego de que Noel buscara y publicara en redes el video de seguridad en donde se muestra la agresión, fue víctima de acoso en redes al punto que tuvo que salir del país. A este caso se suman el de un hombre que eyaculó sobre una mujer en el metro y el de otro que le tomaba fotos bajo la falda a las mujeres en la calle.

Según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres y el INEGI, a partir del 2007 en México ocurren aproximadamente siete feminicidios diarios y los medios más crueles como muerte por arma de fuego, golpes sin armas, violación, ahorcamiento, estrangulación, ahogamiento y con armas cortopunzantes han aumentado en los últimos años. El 42% del total de mujeres (unidas, solteras, separadas y viudas) ha sufrido alguna forma de violencia de pareja alguna vez en su vida. Más del 70% de las mujeres en Ciudad de México dicen haber sufrido acoso callejero, pero el problema se extiende a los hogares, a las instancias educativas: es un asunto de salud pública.

Según el Instituto de Mujeres de la Ciudad de México los pitos funcionarán como medida disuasoria: “si un acosador ve un pito se lo pensara dos veces”, dijo Teresa Incháustegui, directora del Instituto Nacional de Mujeres a El País de España. “No estamos haciendo descansar la seguridad de las mujeres en un silbato. Estamos aumentando la vigilancia de las cámaras de seguridad, colocando botones de alarma en los autobuses para los chóferes y hemos ampliado el número de vagones de mujeres en el Metro, entre otras medidas”, añadió. El gobierno también afirma que los pitos no son la única medida: en un Power Point que han difundido se mencionan otras como mujeres policías en cada estación para atender denuncias y casos de acoso o abuso sexual y en una entrevista del noticiero Foro TV, la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dijo que también habría clases de defensa personal para las capitalinas.

Los 15.000 pitos comenzaron a repartirse esta semana, pero difícilmente son suficientes para una ciudad que mueve a diario alrededor de 20 millones de personas. La periodista Tamara de Anda cuenta en El Universal cómo es el proceso para obtenerlo: es necesario visitar alguno de los 16 juzgados autorizados, llenar un formulario con datos personales y mostrar la credencial de elector o INE. Las mujeres que no tengan este documento (como las extranjeras) no pueden reclamar el silbato. Según el portal de noticias Sin Embargo los pitos costaron 1,2 millones de pesos mexicanos (US$120.000).

Varias organizaciones feministas como Gire, Equis y Estereotipas (de la cual hago parte) hemos criticado la medida por varias razones. La primera es que la medida es revictimizante, pues pone el peso de la defensa en las víctimas, que suelen ser mujeres. ¿Qué pasa si una mujer es acosada y no pita? ¿Se interpretará esto como una señal de que el acoso es bienvenido? La medida, además, es poco práctica pues es más rápido gritar que encontrar un pito en la cartera. Si un grito de auxilio (que sería más fácil e inmediato que pitar) no genera una reacción de solidaridad en la comunidad, ¿qué hace pensar al gobierno que el pito sí funcionará? Por otro lado, los resultados de la alerta son imprevisibles, el acosador bien podría terminar linchado en el transporte público y entonces ¿la culpa sería de la mujer acosada? Otra crítica importante es que la fuerza pública no está educada en perspectiva de género ni está preparada para resolver conflictos de este tipo. Muchas veces los policías son los mismos acosadores, y en una protesta reciente los granaderos (el equivalente al Esmad) acorralaron a las manifestantes y las amenazaron con violarlas y desaparecerlas.

Según el gobierno, la medida ha funcionado en otros países como Myanmar. Sin embargo, allí surgió como estrategia comunitaria: ante la falta de un Estado que garantizara seguridad las personas se organizaron para denunciar el acoso. No obstante, es muy diferente que sea el mismo Estado quien te diga que debes recurrir a la autodefensa. Otra de la grandes críticas ha sido que la medida no está basada en estudios que la justifiquen. De hecho, la misma estrategia se implementó en la delegación de Tlalpan, en Ciudad de México en 2013, y no tuvo éxito.

Por otro lado, aunque el gobierno se ufana del aumento de denuncias, no hay cómo demostrar que dicho aumento es resultado de sus políticas públicas. Es más probable que sea fruto del trabajo de los movimientos de mujeres en la ciudad, que en los últimos años han llevado a cabo múltiples campañas para diferenciar el “piropo” del acoso callejero. Y peor aún, la estrategia del Estado no contempla eliminar los obstáculos que encuentran las mujeres al denunciar: son necesarias varias horas (6 aproximadamente) y las mujeres son sometidas a un examen psicológico para “establecer el daño”, algo que no sucede con las denuncias por otros delitos.

Quizás lo más grave de esta política pública es que no parece estar orientada a la educación, ni la prevención, ni menciona estrategia alguna que esté dirigida a cambiar el comportamiento de los acosadores (en su mayoría hombres). Además, la medida solo apunta al acoso callejero, dejando de lado la grave situación que también se vive en los hogares y hasta en las instituciones educativas. Tampoco explora las causas del acoso, que solo pueden corregirse en campañas educativas tanto para la ciudadanía como para la fuerza pública, y por eso es poco probable que el uso de los pitos genere un cambio social.

El problema del acoso callejero no es exclusivo de México. En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por Profamilia en 2010 alrededor del 18% (o una de cada cinco mujeres) reportó haber sido tocada o manoseada sin su consentimiento. La mayoría se encontraba entre las edades de 20 y 39 años en los niveles alto y más alto de riqueza; ocurría también en zonas urbanas (de las regiones Central y Pacífica) y con un 35% de incidencia en la calle. En las ciudades y departamentos en donde más se registran estas agresiones son Bogotá, Meta, Valle, Tolima y Guaviare. En el Boletín de Prensa No. 17 de la Secretaría Distrital de la Mujer se informa que en una encuesta realizada en conjunto con la Secretaría de Movilidad a un total de 17.399 mujeres de Bogotá: “el 14.09 % de mujeres encuestadas (2.443 mujeres) afirmó haber sido afectada por algún tipo de violencia o agresión al acceder al servicio de transporte público. De estas 2.443 mujeres, el 64.20% (1.391 mujeres) recibieron agresiones de tipo sexual y el 88.74% (2.168 mujeres) fueron víctimas de agresión o violencia en medios de transporte, de las cuales el 80% sufren agresiones en articulados, buses y busetas, y el 2,86% en taxis. Las mujeres de las localidades de Bosa, Kennedy, Rafael Uribe y Engativá reportaron mayor incidencia de esta problemática”. Como suele suceder con todas las formas de violencia de género, los datos corresponden a un subregistro, pues las víctimas no suelen denunciar, ni ser conscientes de formas de violencia tan naturalizadas en nuestra sociedad. Que la experiencia mexicana sirva para no cometer los mismos errores en el diseño de políticas públicas colombianas.

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