Negarle el aborto a una niña violada es decirles a las mujeres que sus vidas no importan

Columna publicada en Univisión el 4 de agosto de 2016.

En mayo, una niña indígena huichola de 13 años, Citlali, fue violada por un conocido de la familia en el estado de Sonora. Citlali hace parte de una estadística: en México, una de cada cuatro niñas es violada antes de cumplir los 18 años. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico, pero las autoridades se negaron a darle a la niña retrovirales o anticonceptivos de emergencia como manda la ley. Un mes después, cuando la familia se dio cuenta de que la niña estaba embarazada, en el hospital le negaron rotundamente el acceso a la interrupción del embarazo.

En México, aunque las leyes que regulan el aborto cambian de estado a estado, el aborto por causal violación es legal en todo el territorio. Así lo consignan todos los códigos penales de todas las entidades del país y la Ley General de Víctimas. Hay una Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantilque señala el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación menores de edad y no es obligatorio denunciar agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación.

El argumento que usaron para negarle el aborto a a Citlali es que un juez estatal clasificó la violación como “estupro”, un delito “menor al abuso sexual”. Regina Tamés, directora del Grupo de Información para la Reproducción Elegida (Gire), ha dicho que la niña tiene derecho a interrumpir su embarazo sin importar la clasificación del delito. Porque la violencia sexual no se hace ni menos devastadora, ni menos grave, ni menos violenta, cuando la llamamos de otra forma. Hoy Gire está llevando el caso de Citlali, y se estudia la posibilidad de que la niña viaje a Ciudad de México, en donde el aborto no necesita causales si ocurre en los primeros 3 meses.

Como Citlali, a muchas mujeres y niñas que son víctimas de violencia sexual les niegan el derecho al aborto en el interior de la República Mexicana. Entonces, la única opción es viajar a la capital para poder abortar. Muchas de ellas están solas, es un viaje difícil, Ciudad de México es costosa y puede ser hostil, y aunque hay organizaciones que ayudan, como Fondo María, para muchas mujeres la opción de viajar a al capital es impensable.

El caso de Citlali es un ejemplo de la vida cotidiana de muchas niñas mexicanas. En 1999 el caso de una mujer oaxaqueña a quien le negaron la interrupción de un embarazo fruto de una violación, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, siete años después, el estado de Baja California tuvo que indemnizar a ella y a su hijo. Los marcos legales están dados de sobra, así que no es un problema de leyes, es de voluntad política.

México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia y homicidios contra menores de 14 años entre de los países de la OCDE. La mayoría de estos casos de violencia sexual (el 60%) son perpetrados por familiares, o personas cercanas al entorno familiar. La altísima vulnerabilidad a la violencia sexual de las menores de 18 es una de las razones de los también altos índices de embarazo adolescente. Estos son embarazos de alto riesgo y complicaciones en el parto son unas de las principales causales de muerte en niñas. Además, los bebés de mujeres menores de 20 años tienen un 50% más de probabilidad de morir en las primeras semanas de vida.

Estas cifras son datos fríos para hablar de tragedias que las niñas mexicanas (y niñas en todos los países de América) viven a diario. Estas maternidades prematuras, llenas de estigma y soledad por ser madres del hijo de su violador, son para muchas, muchas, mujeres una forma de tortura. Una tortura innecesaria, provocada por una larga cadena de indolencia de la que hacen parte enfermeras, jueces, médicos, abogados. Y también el Estado mexicano. Al negar el derecho a la interrupción del embarazo por violación, los estados les dicen a las niñas y mujeres que las vidas de ellas no importan, que su única función importante en el mundo es parir, no importa cómo quedaron embarazadas, no importa si quieren ser madres o no, no importa si una niña que debería estar aún jugando quede con sus sueños truncados desde tan joven.

Quizás lo más desolador es que la responsabilidad del embarazo y sus consecuencias recaen por entero en las niñas. Nadie hace campañas para decirle a niños y hombres que no violen, ni les dicen que tomen control de su vida reproductiva (no embarazarían “por error” si se ponen un condón).

Mientras a ellas les dicen que cierren las piernas, a ellos nadie les dice que se lo guarden dentro del pantalón. Hace apenas una semana, cuando en el estado de Veracruz aprobaron una reforma anti-aborto (que no toca el derecho a abortar por causal violación de las veracruzanas) una funcionaria pública, Tavata Calderón, Subsecretaria de Mujeres Jóvenes del PRI de Veracruz, “recomendó” en su cuenta de Facebook que “a todas las que andan loqueando y dando las nalgas, tengan tantita puta madre para evitar quedar embarazada si no lo deseas para no convertirse en asesina solo por la calentura de un rato”.

Y como es una funcionaria pública, esta revictimización moralista (que hace eco de lo que piensa la sociedad mexicana) la dice con la voz del Estado. Y ese es lamentable mensaje que todo México, sus políticos, sus familias, sus ciudadanos y servidores públicos, le envían a las niñas y mujeres.

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