Lo que es del César

Columna publicada el 22 de octubre de 2016 en El Heraldo.

Según la revista Dinero, en los últimos tres años se constituyeron 1.258 iglesias en Colombia, es decir, más de una diaria. Estas iglesias en Colombia son consideradas organizaciones sin ánimo de lucro y por eso tienen exención tributaria. Pero es muy difícil sostener que no hay lucro cuando las más de 7.000 iglesias que existen en Colombia tienen un patrimonio bruto de aproximadamente 10 billones de pesos, y 145 de estas iglesias reportan ingresos superiores a los $4.524 millones. Sin duda, la religión es uno de los mejores negocios de todo el país, con un inmenso capital y más cuando no gastan en impuestos, algo injustificable en un país declarado laico por la constitución.

Esta injusticia ha pasado de agache porque los y las creyentes son mayoría demográfica, y tienen el poder económico y el discurso hegemónico. Por eso la laicidad se queda en el papel. Este punto ciego tributario implica que nadie, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Dian, ni la Red de Justicia Tributaria, saben cuánto dinero le tendrían que estar pagando al Estado.

Los centros de culto cumplen una “función social” y esto es incuestionable, pero debemos preguntarnos si esta función es puramente “caritativa” o si hay una intención de incidencia política. Y por supuesto que la hay. Que no se nos olvide que las iglesias son también, o mejor dicho, antes que nada, agremiaciones políticas: los curas (y luego los pastores) en Colombia siempre han usado así los púlpitos. Y si algo nos dice el rotundo y exitoso apoyo de las Iglesias Cristianas al ‘No’ en el plebiscito es que son una fuerza política considerable, con ventajas que otras organizaciones políticas ni sueñan.

Otra pregunta importante es cuál y cómo es esa “función social” y si ésta conviene a la democracia. No olvidemos que antes del debacle del plebiscito, grupos de cristianos “extremos” dijeron que si ganaba el ‘Sí’ iban a armarse. Aunque una cosa así suena descabellada e improbable, es claro que hay una serie de discursos en contra de derechos fundamentales e internacionalmente reconocidos, que en Colombia se emiten con la fachada de la fe. No son todas, pero muchas de estas iglesias cristianas justifican e incitan a la homofobia, sin que los fieles se den cuenta de que están promoviendo la discriminación. Y no se trata de censurar, sino de que, como mínimo, estos discursos de odio no tengan ventajas para su promoción, difusión y comunicación.

Las congregaciones religiosas tienen un impacto político. Esto no es un problema en sí. El problema es que no se admita, que se solape, y que, a diferencia de lo que sucede con organizaciones políticas laicas, las religiosas tengan la ventaja de no pagar impuestos. Ese dinero no solo es “lo del César para el César”: se supone que los impuestos son para todos, para el bien común, así que sería un beneficio para todos los ciudadanos.

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