90-90-90

Columna publicada el 1 de diciembre de 2016 en El Espectador.

En Colombia el primer caso de una persona que contrajo el virus del VIH fue diagnosticado en 1983.

Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2009, fueron notificados un total de 71.509 casos. En las estimaciones y proyecciones sobre la epidemia realizadas en el año 2014, se calculó una prevalencia de VIH para población en edad fértil de 0,48 % y un estimado total de 135.829 personas con VIH o sida en el país (según observatorio de VIH Minsalud, 2015).

Colombia tiene la tercera epidemia de VIH más grande de América Latina (después de Brasil y México), pero de esto poco se habla en el país. Nadie nos cuenta que tenemos alrededor de 8.000 nuevos casos anualmente ni que más de 2.000 personas mueren al año por causas relacionadas con el virus del VIH, y esta cifra se ha mantenido estable en la última década. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, cuatro de cada diez personas que viven con VIH en Colombia no saben de su estado y 27 de cada 100 personas diagnosticadas con VIH no se encuentran atendidas en programas de salud. En Colombia no existe un programa nacional para la respuesta en detección, tratamiento y atención integral. La responsabilidad institucional recae en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en el que el VIH queda por debajo de otros temas considerados prioritarios en la agenda pública y política.

En junio de este año, el Estado colombiano se comprometió ante las Naciones Unidas a implementar una estrategia de acción acelerada para poner fin a la epidemia del VIH. El compromiso, llamado “90-90-90”, incluye tres metas que deben alcanzarse antes de 2020: que un 90 % del total de personas que se estiman viviendo con VIH (122.246 personas) sean diagnosticadas; que el 90 % de las personas diagnosticadas sean atendidas e inicien tratamiento antirretroviral y que el 90 % de personas en tratamiento antirretroviral tengan una carga viral indetectable, lo cual no quiere decir que no haya virus en su sangre, sino que no hay suficiente como para que el análisis lo encuentre y lo cuente. Esto representa una vida más larga y sana y con menos riesgo de transmisión a otras personas, incluso teniendo relaciones sexuales sin protección. Este, por supuesto, es el mejor escenario posible, porque les permite a las personas que viven con el virus tener una verdadera autonomía sobre sus cuerpos, cuando una decisión como tener sexo sin condón era impensable para ellas hace algunos años. Como lo señala la activista Mariana Iácono, una carga viral indetectable significa “no pensar o sentir que tienes sólo una opción, que es tener sexo con condón o simplemente no tener más relaciones sexuales”.

Si bien es deseable enseñar el uso del condón y otros profilácticos para tener prácticas sexuales más seguras, esta no puede ser la única estrategia, pues ese “miedo” al virus solo aumenta la estigmatización de las personas que viven con VIH. La ciencia ya nos ha dado las condiciones para controlar la epidemia y en realidad lo que falta para frenar la expansión del virus y para darles calidad de vida a las personas afectadas no es más que voluntad política. En Colombia, los derechos sexuales y reproductivos están siendo presa de una polarización política que ya se está convirtiendo en un obstáculo para que haya campañas de información veraz y oportuna sobre salud sexual. Esta politización de los derechos sexuales y reproductivos puede aumentar los casos de VIH en el país.

Ante la ausencia de una respuesta institucional efectiva, los servicios de promoción, prevención y cuidado vienen de grupos de activistas y organizaciones sociales financiados con presupuesto exclusivo de donantes externos al país (un presupuesto que se viene reduciendo desde 2011). Miguel Ángel Barriga, director de la Corporación Red Somos y de la Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH (Recolvih), se pregunta cómo es que el Ministerio piensa darles cumplimiento a las metas 90-90-90 y con qué presupuesto. El trabajo de prevención ante la transmisión del VIH en el país no puede ser tarea exclusiva de las comunidades, es responsabilidad del Estado (y esta responsabilidad implica un compromiso internacional). ¿Qué estrategias estatales para el diagnóstico temprano y acciones directas con grupos de mayor prevalencia en VIH están planificadas en Colombia? ¿Cómo eliminar las barreras de atención y de calidad que enfrentan las personas viviendo con VIH? ¿Qué se está haciendo para sostener la respuesta desde las comunidades? Hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, es un día para que el Gobierno conteste estas preguntas.

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