¿Cómo puede evitar Colombia que haya otras Yulianas?

Columna publicada en Univisión el 8 de diciembre de 2016.

Yuliana Samboní, una niña de 7 años, jugaba frente a su casa en el barrio popular de Bogotá cuando fue raptada en una camioneta. Un día más tarde, Samboní fue encontrada muerta, torturada, violada y asfixiada en un lujoso apartamento en el barrio contiguo al suyo. La abrumadora cantidad de evidencias encontradas por la Fiscalía señalan al arquitecto Rafael Uribe Noguera, de 38 años, miembro de una de las familias más ricas del país, como el culpable. Se sospecha que, además, sus hermanos le ayudaron a alterar la escena del crimen, y luego lo internaron en una clínica alegando una supuesta sobredosis.

La Fiscalía afirma que el consumo de sustancias fue posterior a la muerte de la niña, posiblemente para alegar que no sabía lo que hacía cuando cometió el crimen. Pero los mejores abogados penalistas del país se negaron a llevar el caso, incluido el prestigioso bufete del que Francisco Uribe, su hermano, hacía parte hasta hace unos días. Aunque lo normal suele ser que un agresor con tantos privilegios salga libre, la sociedad colombiana está tan indignada y enrabiada que es poco probable que el culpable escape a la justicia.

Sin embargo, el pedido de justicia va por dos caminos: por un lado, estamos quienes pedimos un cambio estructural y cultural que ayude a subsanar las desigualdades sociales que hicieron el crimen posible. Por otro lado, el distrito de Bogotá, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sectores de la sociedad exigen endurecimiento de penas para este tipo de críticas y cadena perpetua para los violadores de niños y niñas. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, presentó un proyecto de ley llamado “Ley Yuliana”, para que, en sus palabras, “quienes violen un niño o niña se pudran en la cárcel”. Sin embargo estas medidas son entre inútiles y peligrosas: la vía punitiva, aunque puede parecer más efectiva, podría incluso crear un escenario peor para las niñas de Colombia.

Quienes claman por cadena perpetua no entienden el problema de violencia y abuso de manera realista. En Colombia a diario se hacen 21 denuncias por violación a niñas entre los 10 y los 14 años. Esto es aproximadamente una niña por hora, y por supuesto, es un subregistro. Si una medida como la cadena perpetua llegase a funcionar estaríamos hablando de, al menos, 21 condenados a cadena perpetua al día, en un país que desde hace rato vive hacinamiento carcelario.

Y eso que este sería el mejor de los escenarios; no estamos contando la reconocida tardanza, mediocridad o simple y llana incompetencia de la justicia en Colombia. Ni que las denuncias por violencia de género, física o sexual, rara vez son tomadas en serio en toda la cadena de acceso a la justicia. Las mujeres y niñas que denuncian se ven revictimizadas tanto por las instancias de justicia como por la sociedad y su entorno cercano. Las mujeres y niñas que denuncian violencia sexual son tachadas de mentirosas, busconas, se cuestiona su moral y se comenta que se lo merecían. El caso de Yuliana Samboní es especial porque hablamos de una niña de 7 años. Esto la convierte, a ojos de la sociedad, en una víctima intachable, pero rara vez es el caso.

Como la impunidad y el estigma son tan altos, muchas mujeres y niñas ni siquiera denuncian. Y denuncian aún menos cuando tienen una relación de afecto o subordinación con su agresor. Y esto es lo más escalofriante del problema: la mayoría de los casos de abuso sexual en niñas no ocurren a manos de extraños que las raptan en camionetas, los agresores suelen ser miembros de sus familias: sus padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos, primos. Con frecuencia estos agresores no son denunciados porque su castigo afectaría a toda la familia. Imagínense cómo sería si hablamos de cadena perpetua.

El populismo punitivo no sirve a las víctimas. Para reparar lo irreparable, más que un castigo, se necesitan garantías de no repetición. Y estas garantías tienen que ver con cerrar las brechas que dieron origen, en primera instancia, a un crimen como este. Yuliana, indígena, desplazada, pobre, niña, es la suma de todas las vulnerabilidades posibles. Pero ninguna de estas vulnerabilidades son inherentes a ella, todas son construidas socialmente.

Así, la brecha de clase permite que esté jugando sin la vigilancia de un adulto pues las madres y padres de niñas como ella trabajan todo el día (quizás cuidando a niños de familias como la Uribe Noguera). Su familia llegó a una gran ciudad, hermética y con pocas oportunidades, tras ser desplazados por la violencia. Una violencia que la sociedad colombiana aún no se decide a acabar. Yuliana fue vista como un cuerpo para el consumo porque así somos vistas las niñas y mujeres en Colombia; nuestras experiencias de acoso comienzan a los 7 u 8 años, es decir, a la edad de Yuliana. Y no solo eso, entre los “niños ricos” colombianos es una práctica común buscar sexo (con frecuencia no consentido) en mujeres y niñas de clases populares. A algunas las buscan en los barrios, otras llegan a sus casas a trabajar como domésticas. El caso de Yuliana nos resulta escandaloso por su edad, pero las adolescentes de todas las clases sociales y especialmente las de clases bajas se enfrentan a este tipo de violencia todos los días en Colombia.

De nada sirve esta rabia y esta indignación si no nos permiten entender que el problema es mucho más grande y común de lo que parece. La rabia y la indignación, sin autocrítica, nos harán pensar que los agresores son monstruos que podemos sustraer de la sociedad condenandolos a cadena perpetua. En cambio se necesita un examen riguroso e incómodo de toda la sociedad para que nos demos cuenta que todos y todas le fallamos a Yuliana Samboní, que llevamos un buen rato siendo parte del problema.

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