Por el derecho al trabajo sexual digno y seguro

Columna publicada el 14 de diciembre de 2016 en El Espectador.

Este martes, las organizaciones Parces y Paiis presentaron el informe Ley entre Comillas, sobre las condiciones del trabajo sexual en Bogotá. Lo que el informe muestra es alarmante: los estigmas sociales hacen del trabajo sexual un territorio sin ley, sin empatía o solidaridad ciudadana, y en donde muchas vulnerabilidades se juntan para dar ocasión al abuso y la violencia.

El segundo mayor miedo de los y las trabajadoras sexuales, después de contraer una enfermedad de transmisión sexual, es ser asesinadas, y que enfrentan violencias cotidianas por parte de los clientes, los ciudadanos, los patrones y la misma Policía. Esto último es especialmente preocupante, porque para las trabajadoras sexuales de la ciudad el uniforme verde se ha convertido en una amenaza más. El 74 % de las personas encuestadas en el informe recibieron violencia verbal por parte de la Policía, el 62 % violencia física, el 51 % extorsión, el 39 % violencia simbólica, el 35 % retención de documentos y el 34 % violencia sexual. Lo que estas cifras muestran es que a los ojos del orden público no todos los ciudadanos y las ciudadanas somos iguales. Quizás uno de los castigos arbitrarios más frecuentes es que las lleven a la UPJ, que es una especie de purgatorio urbano al que todos y todas le tenemos miedo, pero en donde solo acaban quienes menos privilegios tienen. La UPJ hace mucho tiempo dejó de cumplir su función, que era proteger a los ciudadanos, y se convirtió en una de las formas más efectivas de amenazarlos. Entre las violencias que viven las trabajadoras sexuales también se incluyen las que viven las mujeres trans, que reciben golpes en la cara, en los implantes, ataques que tienen una evidente objetivo: negar su identidad. Por otro lado, las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales son de extrema desprotección: el 88 % de las encuestadas en el informe no cotiza pensión y el 65 % no hace parte de un sistema de salud.

La realidad contrasta diametralmente con el panorama legal del trabajo sexual en Colombia. Este año, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-594, en la que ordena al Ministerio de Trabajo reglamentar esta actividad y prohíbe a la Policía restringir el derecho a la libre circulación de las y los trabajadores sexuales, o perfilarles como posibles delincuentes. Aunque la ley está del lado de los y las trabajadoras, los grupos abolicionistas (que pretenden acabar y prohibir el trabajo sexual) se han convertido en un obstáculo importante para su aplicación. En principio estos grupos tienen un punto: en el oficio del trabajo sexual hay una desigualdad de género y la mayoría de los consumidores son hombres. Esto tiene que ver con que nuestra cultura entiende a los hombres como sujetos y a las mujeres como objetos. También es cierto que el trabajo sexual para muchas mujeres es un último recurso. Sería deseable que cualquier mujer pudiese escoger libremente entre ser abogada, maestra o prostituta, pero la falta de oportunidades profesionales para las mujeres y la discriminación por género u orientación sexual les deja a muchas, como única o mejor opción la prostitución. Por otro lado, están las redes de trata de personas y explotación sexual, que se camuflan entre el trabajo sexual legítimo. En donde fallan los abolicionistas es en creer que la prohibición legal de un oficio lo extermina en la realidad. En realidad, sacar el trabajo sexual de la legalidad lo fuerza a condiciones abusivas e injustas. Garantizar buenas condiciones para el trabajo sexual, en cambio, lo diferenciaría realmente de la explotación sexual y haría más fácil la justa persecución de la segunda.

En realidad el derecho al trabajo sexual no es más que el simple y llano derecho al trabajo que tenemos todas, todes y todos los ciudadanos. Si no fuera por los prejuicios y los estigmas, el trabajo sexual no sería un oficio de riesgo. La paradoja es que son los mismos prejuicios y estigmas los que dejan a muchas mujeres sin mejores oportunidades que el trabajo sexual. Como siempre, lo que se necesita para que la ley se quite las comillas es hacer cambios culturales. Nuestra sociedad tiene que entender que el derecho al trabajo prima por encima de los juicios morales, que el derecho a la autonomía implica que cada persona pueda decidir cómo ganarse la vida y que el feminismo defiende la libertad de que cada mujer decida sobre su vida y sobre su cuerpo.

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