Populismo perpetuo

Columna publicada el 11 de enero de 2017 en El Espectador.

Era 2011 y la congresista Gilma Jiménez movía su proyecto para hacer un referendo que les diera cadena perpetua a los violadores de niños y niñas. El ministro del Interior, en ese entonces Germán Vargas Lleras, creó una Comisión Asesora —integrada por juristas respetados internacionalmente: Yesid Reyes, Iván González, Rodrigo Uprimny, Camilo Sampedro y Julissa Mantilla, entre otros— para aconsejar al Gobierno en política criminal, a propósito de dicho referendo. La evaluación de la Comisión fue nefasta: señalaron que el referendo pendulaba entre la inconstitucionalidad y la irracionalidad, y lo calificaron de ineficaz, precario y retardatario.

La Comisión citó un estudio de Human Rights Watch que rebate el argumento de que violadores o asesinos de niños no pueden ser rehabilitados y señaló que la cadena perpetua desincentiva las denuncias, aumenta el hacinamiento carcelario y extrema las medidas de los violadores para evitar ser descubiertos. La Comisión también se preguntaba si los y las ciudadanas, a través de firmas, pueden llegar a cambiar la política criminal de un Estado y si algo así sería conveniente. Añaden que “si fuese verdad que con la amenaza de la cadena perpetua se logra intimidar a la sociedad —¡algo que ninguna investigación empírica ha podido demostrar!—, en forma tal que desaparezcan o se reduzcan notablemente los delitos contra los menores de edad (como se asume en el proyecto de referendo), entonces lo que el Estado debería hacer es consagrar como única pena para todos los delitos la cadena perpetua, para —de esa forma— acabar con el delito en Colombia o, cuando menos, reducirlo de manera considerable”. Finalmente, dicen que “la cadena perpetua es una pena inhumana que desdeña toda la tradición ilustrada en torno a la cual se edifica la Constitución de 1991, por lo cual no tiene cabida en el ordenamiento punitivo”. El informe de la Comisión fue decisivo para que el proyecto del referendo se cayera en el Congreso y La Silla Vacía reportó que Germán Vargas Lleras, a puerta cerrada, había dicho que estaba de acuerdo con los argumentos de la Comisión.

Con los crímenes atroces contra la niña Yuliana Samboní vuelve el clamor populista por un referendo que, a falta de una pena de muerte, “remueva por siempre a esos monstruos de nuestra sociedad”. Esto, claro, desde una concepción de “la cárcel”, en donde ésta sirve para que “se pudran los criminales” y no una medida necesaria de resocialización (que es lo que debería ser en un país en posconflicto). Y es una vergüenza ver cómo a los políticos les brillan los ojos al poder presentar un proyecto popular, pero inefectivo, que les gana votos sin resolver el problema social. Esta vez, como en un éxtasis carroñero, hasta buscaron el apoyo de la familia Samboní, exprimiéndole su dolor para réditos políticos.

El proyecto de la cadena perpetua para violadores siempre será popular porque si los violadores de niños son monstruos, basta con desaparecerlos, barrerlos bajo la cama. Este camino exime a la sociedad de todo trabajo, y de toda culpa. Los malos son ellos, y no nosotros. Así no tenemos que admitir que somos nosotros quienes creamos activamente las condiciones para que se den estos abusos, de los que, en Colombia, son víctimas al menos 21 niñas a diario. Pero los abusadores no son titanes ni cancerberos, son personas comunes y corrientes, están entre nosotros. Todas las mujeres en Colombia sabemos lo que es ser niñas y que un tipo nos morbosee. Todas hemos sentido el peligro en nuestros entornos cotidianos, incluso antes de que entendiéramos lo que realmente pasaba. Podríamos construir una cárcel del tamaño de medio país para recluir a los culpables, pero mientras no nos importen realmente las niñas, sus vidas, sus derechos, su educación, sus derechos sexuales y reproductivos; mientras nuestro machismo alimente esa idea de que los hombres son predadores sexuales incontrolables y las mujeres y niñas sus presas para el consumo; mientras nuestros organismos de justicia sean tan prejuiciosos e incompetentes como muestran los altísimos índices de impunidad en materia de violencia de género; los niños y las niñas de Colombia serán vulnerables al abuso.

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