Policías al acecho

Columna publicada el 16 de febrero de 2017 en El Espectador.

En días de precarnaval, la Policía de Barranquilla entró a una fiesta privada, que se llevaba a cabo en un patio privado, y grabó a los asistentes. Luego dijeron que la fiesta podía seguir, pero sin música, pues había “quejas” indeterminadas de vecinos sin nombre. Según el nuevo Código de Policía, “el personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita, de inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el ingreso”, pero dicha notificación jamás llegó. Luego dijeron que sí podían poner música, pero que el grupo de millo era imposible, pues según el criterio de los policías, la percusión superaba los límites de ruido permitidos y nadie sabía cómo “bajarle el volumen al tambor”.

Todos en la región Caribe, desde el Checo Acosta, a quien bajaron de la tarima en una fiesta en Soledad porque el concierto debía acabarse a la una de la mañana (y no a las tres, como se había prometido en el programa), hasta un tendero cualquiera (al borde de la quiebra por las reducidas ventas de cerveza), tienen una historia de abuso policial para contar. Lo que siente la ciudadanía es que no hay justificación suficiente para aplicación de unas normas que, entendidas en el vacío, son siempre arbitrarias y que están lejos de ayudar genuinamente a la convivencia, pues se imponen incluso antes de que la ciudadanía tenga oportunidad de autorregularse. El poder se ejerce cuando se tiene, y el nuevo Código ha envalentonado a los policías, que hoy parecen sobrevolar las ciudades como si fueran una quisquillosa amenaza.

Como el nivel probatorio del voz a voz es, a lo sumo, endeble, algunas personas y varios periodistas han intentado grabar estos abusos de la Policía. De hecho, el nuevo Código de Policía afirma que “todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de la información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta” (Artículo 21, Ley 1801 de 2016). Sin embargo, y para variar, parece que la Policía sabe más sobre las limitaciones de los ciudadanos que sobre sus derechos y ya van varias ocasiones en las que, no solo no permiten que los graben, sino que reaccionan de forma intimidante.

A una amiga en Barranquilla, quien prefiere reservar su nombre, los policías le dijeron que “ella los agredía por grabarlos” y la amenazaron con llevarla a la patrulla si no bajaba el celular o incluso si contestaba de mala gana, pues eso también era “un irrespeto a la autoridad”. La Fundación para la Libertad de Prensa registró que en Santa Marta el reportero Esteban Peralta grabó a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles. Los policías atacaron a Peralta cuando se dieron cuenta de que los estaba registrando. La Flip también cuenta que en diciembre, Óscar Mejía, periodista de El Informador, fue agredido y detenido arbitrariamente por registrar un operativo de tránsito, también en la ciudad de Santa Marta. No es difícil imaginar que casos como estos existen en todo el país.

En Colombia nos parece que solo ejerciendo la fuerza habrá “orden” y “seguridad”. Esto, al punto que no cuestionamos que la Policía pueda grabarnos en cualquier momento (a diferencia de los servidores públicos, los ciudadanos tenemos mayor derecho a la privacidad) y aceptamos mansamente cuando nos mienten diciendo que no podemos grabarlos a ellos. Por más que muchos —especialmente gobernantes y personas pudientes, que son a quienes sí suele proteger la Policía— crean que la presencia de los tombos equivale a seguridad, hay que reconocer que la Policía en Colombia es más célebre por sus abusos y tentación a la corrupción que por su vocación de garantizar los derechos de los ciudadanos. El Código de Policía no parece ser una solución efectiva si quienes deben aplicarlo no ahorran esfuerzos para limitar nuestros derechos sin que nadie los vea. Los tiempos van cambiando y grabar a la Policía no solo es un derecho ciudadano, sino una tendencia irreversible. ¿No es mejor empezar a ser policías garantes de derechos a seguir siendo policías abusivos que censuran para que nadie sepa de sus actuaciones arbitrarias? Entre tanto, que esta columna sea una invitación para grabarlos, recitando el artículo 21 del Código, siempre que se comporten de manera irregular. El poder desmedido que les dé el Código tiene que encontrar resistencia en la denuncia ciudadana.

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