Caperucita Roja

Columna publicada el 30 de marzo de 2017 en El Espectador.

En la versión más antigua del cuento de Caperucita Roja, escrito por Charles Perrault, la historia acaba cuando el lobo se la come. Esta versión viene acompañada de grabados de Gustave Doré, en los que la metáfora del cuento se hace literal: Caperucita aparece desnuda, metida en la cama con el lobo. Fueron los Hermanos Grimm los que más tarde se inventaron que la salvaba un leñador. En todo caso la advertencia para las niñas (y mujeres) es clara: si sales a la calle (bosque), más te vale no hacerlo con ropa provocativa (una caperuza roja), ni desviarte o disfrutar de tu camino, o hablar con extraños (el lobo) porque te pueden matar y violar.

Esta advertencia es paradigmática de las revictimizaciones que existen por violencia de género; somos nosotras, Caperucita, quienes somos responsables de no ser atacadas. Nadie pregunta por las condiciones del bosque, y sí mucho la solución propuesta suele ser tener más leñadores y que las niñas no salgan de la casa. En la vida real no es nuestra culpa, porque además los lobos se parecen a los príncipes, y matar a un lobo no salva a todas las caperucitas de todos los lobos y lobos-príncipes que están por venir.

Tras la condena a 51 años, ocho meses, del arquitecto y feminicida Rafael Uribe Noguera, acusado de raptar, violar, y asesinar a la niña de seis años, desplazada e indígena, Yuliana Samboní, hoy muchos hablan de instaurar la pena de muerte, y la Fiscalía, por su parte, apelará para que le den la pena máxima, que es de 60 años, un alegato que recoge el clamor de muchos. Pero, luego de apreciar por un momento esta extraña sensación de que se ha hecho algo de justicia en un país donde la norma es que la justicia sea esquiva, concentrémonos en hacer algo para que crímenes como este dejen de ocurrir a diario en Colombia. Está probado que penas más altas no desincentivan los delitos, pero sí las denuncias, y nuestro corrupto sistema carcelario y el clasismo de nuestra justicia son una garantía para que los castigos se repartan de manera desigual.

No se trata de lo extenso de la pena, gastarse en pedir nueve años más apenas sirve para saciar nuestra sed de venganza, tan colombiana. Pero, como bien dijo la jueza 35 de Conocimiento en la sentencia, “es un llamado a que las víctimas tengan la oportunidad de hacer justicia”; y añadió que la Fiscalía “no podrá retirarse de la sala con un trofeo porque acá no se ganó nada; si lo hace estará exhibiendo la impunidad a las víctimas de violencia sexual, estará mostrando que como sociedad hemos fracasado. Sólo podrá ser un trofeo si es el abrebocas del acceso de las víctimas a la justicia”.

Para poder hacer una política preventiva efectiva es necesario dejar de ver todos los puntos ciegos que aparecen cuando no entendemos la violencia con perspectiva de género. Las preguntas tienen que ser sobre el sistema, pues todos los casos no pueden ganarse a costa de periodicazos e indignación nacional, y sabemos que son muchas las niñas que a diario viven experiencias violentas de abuso (23 al día) y que son también víctimas de feminicidio de cuyos nombres no nos enteramos, a quienes la sociedad no defiende por no ser “víctimas perfectas”. ¿Cómo hacer para quitarle a los jueces, a los y las policías, y a la sociedad entera, esos prejuicios que no nos permiten ver siquiera la violencia que vivimos las mujeres?

El caso de Yuliana también nos obliga a preguntarnos por las vidas de las niñas de Colombia, por todas aquellas que tienen que trabajar, por aquellas que se quedan solas mientras sus madres y abuelas cuidan a otras niñas, por todas las que viven abusos por parte de familiares y figuras de autoridad cercana, víctimas de violencia doméstica y violencia machista, ahogadas muchas veces en mundos que les repiten que el único tiquete de salida es sexualizarse. Es hora también de que el Estado y la sociedad se comprometan con cambios estructurales. Cuando la violencia machista mata, todos somos responsables.

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