Derechos de autor

En silencio

Columna publicada el 12 de febrero en El Heraldo.

¡A pagar por la música en los buses!, anuncia Sayco-Acinpro, que acaba de sacarse de la manga una nueva manera de lucrarse de nosotros. Resulta que en Colombia, y esto lo sabemos desde hace rato, el marco de ley para derechos de autor es un desastre. Por ejemplo: nuestra ley no permite prestar libros sin autorización expresa del autor. Esto hace de las bibliotecas gigantescos emporios de la piratería que caerían como un castillo de naipes si alguien quisiera demandarlas. En 2010, le llegó una carta del programa de Piratería de Obras Cinematográficas a la biblioteca de los Andes pidiendo un montón de plata para legalizar el préstamo de las películas. Hoy no pueden sacarse de esa biblioteca y solo pueden verse en grupos de máximo seis personas.

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Derecho a la desindexación

Columna publicada el 9 de diciembre de 2015 en El Espectador.

Quizá sea imposible medir con exactitud el daño personal y profesional que han causado las falsas acusaciones sobre “plagio” a la filósofa javeriana María Salomé Sánchez, cuyo caso fue tema de esta columna hace unas semanas.

Aunque el fallo de la Superintendencia logró bajar del aire la información maliciosa que sobre ella aparecía en el portal PlagioSOS, el fallo no se ha hecho extensivo a Google, y si uno busca su nombre puede encontrar las acusaciones falsas indexadas, y hasta sus datos personales. Cada vez que va a buscar trabajo y sus posibles empleadores la guglean, aparecen estas calumnias. Cuando Sánchez logra convencerlos de que son falsas tampoco eso le garantiza un trabajo. Un ejemplo reciente es que unos posibles empleadores decidieron no contratarla, pues si alguien le ha dedicado una venganza personal tan ensañada y meticulosa, resulta verosímil que las agresiones escalen a la vida real. “Qué tal que vengan a echarle ácido” le dijeron antes de descartarla para el puesto.

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CalumnioSOS

Columna publicada el 25 de noviembre de 2015 en El Espectador.

Hace más de un año, María Salomé Sánchez Monsalve, filósofa de la Universidad Javeriana, recibió un correo de su facultad preguntando por un mensaje anónimo en el que se le acusaba de “plagio”.

Según el anónimo, en una “revisión de rutina de las tesis de pregrado” (¿quién hace eso?) habían “descubierto” que la tesis de Sánchez sobre el filósofo latinoamericano Leopoldo Zea era un “plagio”, y ahora, por puro “deber ciudadano”, la denunciaban ante la universidad. Con recalcitrante resentimiento el anónimo contaba que Sánchez se había ido a estudiar una maestría a Europa (daban el nombre exacto del máster, y hasta sabían quién era su tutor de tesis) y anunciaron que también intentarían arruinar su reputación ante la Pompeu Fabra. La Javeriana investigó y declaró de manera oficial que Sánchez no había plagiado, y concluyó que el acoso tenía que ver con una vendetta personal.

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Compartir no es un delito

Columna publicada el 27 de junio de 2015 en El Heraldo.

Hace casi un año, Diego Gómez, biólogo de la Universidad del Quindío, quien actualmente estudia en Costa Rica una maestría en conservación y manejo de vida silvestre, publicó, en un grupo de Facebook, un link con la tesis de maestría del investigador Andrés Acosta, biólogo de la Javeriana, magíster de la Universidad Nacional. Aunque la tesis era de libre consulta en la biblioteca de la universidad, y aunque ya el documento circulaba por internet, Acosta denunció por “violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos” (que se castiga con una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, más que por violación, contrabando o trata de personas) y la Fiscalía individualizó la denuncia en Gómez.

Aunque Gómez no se lucró en ningún momento por compartir la tesis, la ley colombiana está del lado de Acosta. El artículo 271 del Código Penal considera una violación a los derechos patrimoniales de autor reproducir, distribuir, suministrar y ofrecer una obra sin el permiso del autor o titular de derechos. Las normas de derecho de autor no contemplan una excepción para la divulgación académica o científica sin ánimo de lucro. Estas restricciones representan un grandísimo obstáculo para el avance de la ciencia y el conocimiento, más aún en un país que tiene a ambas de últimas en las lista de sus prioridades de inversión. El uso de internet para la divulgación de conocimiento y la discusión académica es una manera fácil, barata y efectiva para que investigadores y sociedad civil hagan avances culturales, académicos y científicos, y para que todo el país sea más competitivo.

El caso de Gómez se convirtió en un paradigma internacional sobre lo absurdas y restrictivas que pueden llegar a ser las leyes de derechos de autor. Recientemente, la Electronic Frontier Foundation publicó el Informe Especial 401, en el que se analiza el caso a la luz de la presión que ejerce el Informe Especial 301 (de la Oficina de Comercio del Gobierno de EEUU), mostrando que las restricciones en derechos de autor no tienen por objeto proteger a los autores, sino responder al tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, que exige endurecer las leyes de derechos de autor y reforzar los sistemas legales a favor de los titulares .

Aunque la inocencia de Gómez es evidente lleva un año siendo procesado. Eso implica grandes gastos de recursos y una fuerte presión psicológica a tiempo indeterminado (pues el proceso puede durar años). La audiencia tendrá lugar el 30 de junio en Bogotá, a donde Gómez regresa desde Costa Rica. Mientras Gómez se juega su carrera como científico, Colombia tendrá que definir su postura frente a estas leyes arcaicas (de más de 20 años) de derechos de autor que siguen vigentes, y que entorpecen el avance del conocimiento. ¿Qué es más importante para el progreso de un país: la producción e innovación científica o el Tratado de Libre Comercio?